La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este jueves 5 de octubre que amplía el estado de emergencia al Centro Histórico de Lima, con el fin de “combatir la inseguridad ciudadana”, una medida que militarizará la ciudad, después de aplicarlo a otros distritos de la capital como San Juan de Lurigancho o San Martín de Porres.
“Extenderemos el estado de emergencia para el orden interno en el Cercado de Lima, en apoyo a los vecinos y emprendedores que han invertido en pequeños negocios y para dar seguridad a los miles de turistas que visitan nuestro Centro Histórico”, declaró en el II Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde ratificó la decisión del Gobierno de trabajar con las autoridades regionales y locales en esta materia.
Boluarte aseguró que la Policía de Perú está evaluando la situación de las ciudades del interior del país para adoptar nuevas decisiones en el Consejo de Ministros; anunció también que invertirá más de 15 millones de soles peruanos en la compra de 10.000 cámaras para Lima Metropolitana (Lima y Callao) y que potenciará el centro de inteligencia policial.
“Tenemos un solo propósito: acabar con la delincuencia. En ese camino estamos, no vamos a agachar la cabeza, no vamos a doblegar nuestros esfuerzos, estamos firmes para poder derrotar al crimen organizado y a la delincuencia”, manifestó.
La declaratoria del estado de emergencia es un régimen que se aplica cuando existe “perturbación de la paz y del orden interno”, según recoge la Constitución de Perú”, otorgando al Estado competencias para afrontar una “catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación”, por lo que se restringen derechos como la libertad de reunión o tránsito y la inviolabilidad del domicilio.
A finales de agosto, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció un paquete de medidas en materia de seguridad ciudadana para luchar contra la criminalidad, inspirado en estrategias de países vecinos como el cuestionado sistema del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
No obstante, el jefe de Gobierno andino remarcó entonces que el ‘plan Boluarte’ consiste en “hacer aquello que mejor hayan hecho otros gobiernos” en un plan preparado “con la Constitución en la mano” por parte de especialistas que respetan los Derechos Humanos.
Las autoridades de El Salvador aprobaron en marzo del año pasado una draconiana declaración del estado de emergencia, que ha sido aprobada en sucesivas ocasiones y que ha desembocado en una lucha contra las pandillas que ha despertado críticas a nivel internacional por supuestas violaciones de Derechos Humanos.
A mediados de septiembre, en aras de apoyar la difícil situación de seguridad, también se aprobó desde el Congreso de Perú un proyecto de ley que permite eximir de responsabilidad penal el uso letal de la fuerza en casos de defensa propia y ante una situación de peligro inminente.
El proyecto, que fue presentado por la diputada Patricia Chirinos, de Avanza País, salió adelante con 78 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones. El texto tiene como objetivo modificar el Código Penal y el alcance de la responsabilidad penal en este tipo de casos.
El texto hace hincapié en que el uso de la fuerza, incluso cuando es letal, debe darse en caso de “peligro inminente” y con el fin de “proteger la vida propia o la integridad propia o de terceros”.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Janet Rivas Chacara, del partido Perú Libre, explicó que se modificará el punto número 3 del artículo 20 del Código Penal, así como el Decreto Legislativo 635 sobre inimputabilidad, donde quedarán exentos de responsabilidad penal los que “obren en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal”.
*Con información de Europa Press.