Colombia registró en 2025 su peor desempeño histórico en el Índice de Democracia de la Economist Intelligence Unit (EIU), el organismo de análisis del grupo The Economist publicado en abril. El país cayó 13 posiciones en el ranking global, pasó de ser clasificado como “democracia imperfecta” a “régimen híbrido” y obtuvo una puntuación de 6,04 sobre 10, su nivel más bajo desde que el índice comenzó a medirse en 2006.
Colombia ocupa ahora el puesto 73 a nivel mundial y el octavo entre 19 países evaluados en América Latina, y lleva dos años consecutivos con amplios retrocesos dentro de la clasificación global. En 2020 estaba en el puesto 45; en 2024 había caído al 60.
El deterioro del país durante el último año del gobierno Petro contrasta con la tendencia general. Mientras el mundo en general y América Latina mostraron una leve mejoría tras casi una década de declive, Colombia se convirtió en la excepción negativa, registrando el deterioro más profundo de toda la región.
El informe identifica la violencia política como el principal factor detrás de la caída. “Colombia experimentó el descenso más pronunciado en su puntuación en 2025, debido en gran medida al aumento de la violencia política. El asesinato del presumible candidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue un factor determinante. Si bien el asesinato del Sr. Turbay fue el de mayor repercusión, 26 políticos fueron asesinados en 2025 y otros 35 sufrieron intentos de asesinato, según la Misión de Observación Electoral”, señala el documento.
A eso se suma el impacto sobre los derechos civiles. El informe cita que Indepaz registró al menos 187 líderes sociales asesinados en 2025, un incremento del 8% respecto al año anterior, lo que evidencia una pérdida de capacidad del Estado para garantizar derechos básicos en el territorio. Sobre este punto, el informe señala que “los activistas de derechos humanos y sindicales son frecuentemente blanco de ataques, lo que nos llevó a revisar a la baja nuestra evaluación de los derechos sindicales en Colombia”.
Un tercer elemento citado por la EIU fue el nombramiento de un general como ministro de Defensa. El informe señala que el nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa desdibujó la línea de control civil sobre las Fuerzas Militares, aunque el funcionario renunció al ejército poco después de asumir el cargo.
La EIU también manifestó preocupación por una posible afectación a la separación de poderes en Colombia, debido a los constantes choques entre el Gobierno e instituciones independientes. Como ejemplo reciente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de una sesión de la Junta Directiva del Banco de la República en la que se definía la tasa de interés, calificó la decisión de subir las tasas como “irresponsable” y abandonó la reunión antes de que terminara, lo que generó dudas sobre la independencia del Banco frente al gobierno.
La categoría de régimen híbrido implica que, aunque se mantienen procesos electorales, estos conviven con prácticas propias de sistemas autoritarios como debilidad institucional, menor independencia de poderes y limitaciones en el ejercicio pleno de derechos civiles. Con esta clasificación, Colombia queda a un paso de ser considerado un régimen autoritario, calificación que en la región ya tienen países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Los analistas de la EIU señalaron, sin embargo, que Colombia no bajó más en la clasificación porque sus tribunales de justicia e instituciones lograron resistir y mantener la línea el año pasado al contener diferentes medidas autoritarias.
El informe también proyecta una advertencia hacia el proceso electoral que se avecina. Según el documento, “todas las miradas estarán puestas en la situación de seguridad en Colombia mientras los votantes acuden a las urnas”. Cita al Ministerio de Educación para señalar que 81 municipios presentan un alto riesgo de violencia o fraude, “lo que representa un aumento del 65% con respecto a las elecciones generales de 2022”.
El índice de la EIU evalúa cada año a 167 países con base en 60 indicadores agrupados en cinco categorías: procesos electorales, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.