La Audiencia Nacional de España abrió este lunes una investigación penal sobre la entrada masiva de decenas de miles de migrantes al enclave norafricano de Ceuta a finales de julio, ante indicios de una posible participación desde territorio marroquí.
La investigación fue abierta por la jueza María Tardón, quien considera que los hechos podrían constituir delitos “que comprometen la paz o independencia del Estado” español, además de otros relacionados con los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La decisión judicial contrasta con la posición mantenida en los últimos días por el gobierno de Pedro Sánchez. El presidente español aseguró el pasado 3 de septiembre ante el Congreso que no existen “pruebas sólidas” de que Marruecos hubiera planificado o ejecutado la entrada masiva.
Sánchez sostuvo que, tras revisar la información disponible, ningún organismo nacional o internacional había aportado evidencias concluyentes sobre una implicación directa de las autoridades marroquíes. Sin embargo, aseguró que, si aparecen pruebas sólidas, España actuará “con total contundencia”.
La jueza Tardón basó su decisión principalmente en un informe de la Policía española, filtrado a la prensa la semana pasada y al que posteriormente tuvo acceso la AFP. El documento sostiene que la irrupción de más de 70.000 personas no obedeció a actuaciones “incidentales, ocasionales o espontáneas”.
Según la resolución, se evidenció una “clara e indudable gestión favorecedora” del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos.
El documento judicial también señala que miembros uniformados de las fuerzas de seguridad marroquíes habrían mostrado una actitud de “permisividad”. Incluso, según la investigación, algunos agentes habrían realizado un “guiado activo”, ofreciendo indicaciones a los migrantes sobre cómo cruzar hacia Ceuta y superar los obstáculos fronterizos.
La magistrada recordó además que la utilización de flujos migratorios puede constituir uno de los métodos empleados en estrategias de “guerra híbrida” contra otros Estados.
Las autoridades marroquíes no han reaccionado oficialmente al informe policial, aunque medios de comunicación del país lo calificaron de “chapucero” y “carente de pruebas materiales”.
La investigación también contempla posibles delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en conexión con “homicidios imprudentes”, debido a las personas que murieron mientras intentaban llegar a nado a Ceuta.
Tras la entrada masiva, una gran parte de los migrantes regresó a Marruecos, mientras miles permanecieron en territorio español. La crisis provocó protestas y episodios de tensión en Ceuta, aumentando la presión política sobre el gobierno de Pedro Sánchez.
Ahora, la investigación judicial abre un nuevo frente para el Ejecutivo español, que mantiene que no existen pruebas concluyentes contra Marruecos, mientras la Audiencia Nacional examina indicios de una posible actuación organizada desde el otro lado de la frontera.