El expresidente peruano Ollanta Humala fue liberado este viernes de una prisión en Lima, después de que la justicia anuló su condena de 15 años por lavado de activos por recibir dineros de la constructora Odebrecht, constataron periodistas de la AFP.
El exmilitar dejó la cárcel en un vehículo alrededor de las 07:40 p.m., resguardado por policías y asediado por un nutrido grupo de simpatizantes.
Estuvo recluido desde abril de 2025, según su condena, por recibir 3 millones de dólares de la constructora brasileña para su campaña de 2011, en la que resultó vencedor.
Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, era uno de los cuatro exmandatarios del país sudamericano que cumplían condena en una cárcel exclusiva para ellos, en una base policial al este de Lima.
“Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial (...). Fui secuestrado por el Estado y sicarios del sistema de justicia”, dijo a periodistas al salir del pequeño recinto carcelario.
Con la voz entrecortada, Humala resaltó que por esa “persecución han hecho que tenga que haber asilado a mi esposa y sacado a mis hijos del país”.
La exprimera dama Nadine Heredia fue condenada por el mismo caso y buscó refugio político en Brasil, donde vive desde entonces.
El jueves el Tribunal Constitucional publicó un fallo que dejó sin efecto la condena del expresidente, al considerar que el financiamiento que recibió de terceros para sus campañas electorales no constituía delito cuando Humala, hoy de 64 años, fue candidato presidencial.
Humala también había recibido otros 200.000 dólares del gobierno de Venezuela en 2006, cuando perdió frente a Alan García.
El expresidente negó este viernes que haya percibido tales montos.
La decisión judicial se basó sobre la idea de que el expresidente no puede ser condenado por un delito que, cuando tuvo lugar, no había sido aún tipificado.
Según los magistrados, lo que se le atribuye a Humala --recibir y quedarse con dinero de origen sospechoso para financiar sus campañas de 2006 y 2011-- corresponde a un delito que Perú tipificó a finales de 2016.
De esta forma, la corte ha hecho hincapié en que no puede ser castigado con una normativa que “no existía en aquel momento”, lo cual es inconstitucional.
La ley vigente no sancionaba simplemente el hecho de recibir dinero sospechoso para una campaña. Esa ley iba más allá y exigía que se cumplieran una serie de requisitos.