Durante la tarde de este martes 16 de junio se conoció la captura del activista colombiano Beto Coral en el estado de Arizona, Estados Unidos.
Coral es considerado uno de los más férreos y polémicos defensores del presidente Gustavo Petro. A lo largo de los últimos años, ha lanzado fuertes críticas y señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe, el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella y el mandatario estadounidense Donald Trump.
La embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado en las últimas horas sobre este tema y aseguró que se activaron los servicios consulares para dar inmediata atención al caso.
“En relación con la detención del ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Arizona, el martes 16 de junio de 2026, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activaron las gestiones de asistencia consular desde el día de ayer y establecieron contacto con las autoridades estadounidenses competentes”, dice el texto.
“La Embajada y el Consulado continúan dando seguimiento al caso y brindando al connacional el acompañamiento y la asistencia consular correspondientes, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes”, aseguró el comunicado.
En horas de la mañana, Coral había estado en las inmediaciones de la Universidad de Miami con carteles y con más personas a días de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Todo lo documentó por medio de su cuenta de Tiktok.
Aunque por ahora se desconocen las causas oficiales de la detención, un detalle que ha despertado especial atención es la participación de Homeland Security Investigations (HSI), una de las principales entidades federales encargadas de las investigaciones criminales en Estados Unidos y que forma parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Usualmente, cuando un ciudadano colombiano es detenido por el ICE en Estados Unidos, las autoridades revisan su situación migratoria y pueden trasladarlo a un centro de detención mientras se inicia un proceso ante un juez de inmigración.
La persona tiene derecho a comunicarse con el consulado colombiano y a contar con un abogado, aunque normalmente debe contratarlo por su cuenta.
Dependiendo del caso, el juez puede autorizar su permanencia en el país, conceder una fianza o emitir una orden de deportación.
Si la expulsión se hace efectiva, el ciudadano es trasladado a Colombia y las autoridades colombianas verifican su identidad a su llegada.