La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Bárbara César Siero, afirmó que fue presionada para suscribir varias decisiones relacionadas con inhabilitaciones políticas, entre ellas la que afectó a María Corina Machado, quien quedó impedida de participar como candidata presidencial en las elecciones de 2024.
En un video acompañado de una carta, difundidos a través de sus redes sociales, César Siero explicó que Machado presentó el 15 de diciembre de 2023 una demanda ante el TSJ, con el propósito de solicitar la revisión de la sanción que la Contraloría General le había impuesto años atrás.
“Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente”, dijo.
La exjueza también aseguró que desconocía dónde permanecían recluidos sus familiares, que no había podido establecer contacto con ellos y que tampoco conocía con precisión los cargos que se les atribuían.
Según su relato, la incertidumbre sobre el paradero de sus hermanos y su cuñada, sumada al temor por la integridad de estos, terminó llevándola a suscribir distintas sentencias de inhabilitación política.
“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, aseveró.
Entre ellas estuvo la correspondiente a Machado, quien meses antes, en octubre de 2023, había obtenido la victoria en las primarias de la oposición.
María Corina Machado fue inhabilitada administrativamente el 30 de junio de 2023 por la Contraloría General de Venezuela, inicialmente por un período de 15 años, lo que le impedía ejercer cargos públicos y, en la práctica, presentarse como candidata presidencial en las elecciones de 2024.
Según la Contraloría, la sanción estuvo relacionada con supuestas irregularidades administrativas, entre ellas su presunta participación en la gestión de activos venezolanos en el extranjero y su respaldo a medidas y acciones de gobiernos extranjeros contra el régimen de Nicolás Maduro.
Machado rechazó la inhabilitación, argumentando que se trataba de una decisión política y que no había sido debidamente notificada del procedimiento.
En diciembre de 2023 acudió al Tribunal Supremo de Justicia para impugnar la medida, pero en enero de 2024 el tribunal ratificó su inhabilitación.