El Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto que garantiza la financiación de gran parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con lo que pone fin al cierre parcial del gobierno más largo registrado hasta ahora.
La Cámara de Representantes respaldó la iniciativa, que ya contaba con el visto bueno del Senado, y la remitió al presidente Donald Trump para su firma.
El texto asegura recursos para las principales agencias del DHS hasta el cierre del año fiscal, el 30 de septiembre. No obstante, deja por fuera nuevos fondos destinados a la aplicación de leyes migratorias y al control fronterizo, por lo que el pulso político que originó el cierre sigue vigente.
Los legisladores aprobaron la medida mediante votación oral, después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, alertara que los recursos de emergencia usados para pagar salarios estaban por agotarse.
El DHS acumulaba un cierre parcial desde el 14 de febrero, alcanzando 75 días de interrupción. Esta situación afectó directamente a cientos de empleados, cuyos pagos se retrasaron, y provocó la salida de varios de sus puestos. En los aeropuertos, la falta de personal generó extensas filas en los controles de seguridad.
La crisis también derivó en la salida de una de las funcionarias más cercanas a Trump como la ex Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras críticas por el gasto de miles de dólares en campañas publicitarias.
Con la aprobación del proyecto, entidades como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Guardia Costera, la Administración de Seguridad en el Transporte y el Servicio Secreto retomarán sus operaciones con normalidad.
En contraste, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza —ejes de la disputa política— no quedaron cubiertos por el acuerdo.
El origen del bloqueo radicó en la negativa de los demócratas a financiar las políticas migratorias sin imponer límites a prácticas como las redadas en lugares sensibles o el uso de máscaras por parte de los agentes.
Por su parte, los republicanos rechazaron esas condiciones y defendieron una financiación sin restricciones para todo el DHS.
Aun así, la tensión en el Congreso no termina. Los líderes republicanos enfrentan ahora el reto de convencer a legisladores inconformes para aprobar otra medida polémica: la prórroga de facultades de vigilancia extranjera sin orden judicial.
Las discusiones paralelas sobre presupuesto y espionaje han evidenciado las fracturas internas dentro del partido republicano. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, enfrenta dificultades para consolidar mayorías y mantener el control legislativo.
*Con información de AFP.