Decisiones recientes del gobierno de los Estados Unidos apuntan a establecer nuevas condiciones para quienes se encuentran en trámite de asilo, lo que ha despertado inquietudes entre organizaciones migratorias y personas en proceso de regularización.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementará una nueva cuota anual obligatoria para solicitantes de asilo. De acuerdo con la información publicada, quienes no paguen este monto podrían enfrentar el cierre de sus casos e incluso la deportación.
La medida establece que las personas con solicitudes pendientes deberán cancelar un valor periódico como condición para mantener activo su proceso. Este valor será de 100 dólares, que se suma al pago del formulario I-589, el cual tiene el mismo valor.
El incumplimiento de esta obligación podría tener consecuencias directas para los solicitantes. Entre ellas, la posibilidad de que sus expedientes sean cerrados o que enfrenten procesos de deportación, lo que incrementa la presión sobre quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Esta disposición representa un cambio frente al esquema anterior, en el que no existía un cobro anual de este tipo para quienes estaban a la espera de una decisión migratoria, debido a que la solicitud de asilo es considerada como un derecho humanitario.
La iniciativa hace parte de un paquete más amplio de reformas orientadas a fortalecer el control migratorio y reducir el volumen de solicitudes acumuladas, debido a que, según los encargados de esta labor, se está dando una saturación al sistema. En ese sentido, las autoridades buscan incentivar la resolución más rápida de los casos y establecer filtros adicionales.
Adicionalmente, se señala que esta nueva política se enmarca dentro de un endurecimiento general de las reglas de asilo en Estados Unidos. En los últimos meses, se han implementado otras medidas que restringen el acceso a este tipo de protección, especialmente en la frontera sur, donde se concentra una gran parte de las solicitudes.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto de estas medidas, señalando que podrían limitar el acceso a la protección internacional para personas que huyen de situaciones de violencia o persecución.
Adicionalmente, la regla incluye otros ajustes. Por ejemplo, el gobierno retendrá la tarifa de solicitud incluso si el formulario es rechazado por errores. También limitará a un máximo de un año los permisos de trabajo para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), y fija nuevas tarifas para otros trámites migratorios.
Esta medida se suma a la eliminación de los beneficios a los solcitantes de visas menores de 14 años y mayores de 79 que se aplicó desde finales de 2025 y que se empezará a aplicar en Colombia a partir de este año.