La administración Trump emitió esta semana una directiva que ordena a todas las misiones diplomáticas estadounidenses en el mundo preguntar a los solicitantes de visa si temen ser perseguidos en su país de origen y, si responden afirmativamente, negarles los documentos de viaje, sin importar la circunstancia de su solicitud.
La medida, revelada por The Washington Post a partir de un cable diplomático interno que les fue filtrado, representa uno de los intentos más directos del gobierno por cerrar la vía consular al asilo en Estados Unidos, en medio de las medidas contra la migración impulsadas por el gobierno de Donald Trump en su segundo mandato.
El cable, detallado en un mensaje de la oficina del secretario de Estado Marco Rubio, indica que, con efecto inmediato, todos los funcionarios consulares deben formular dos preguntas a los solicitantes de visa de no inmigrante para que puedan ser evaluados para su requerimiento de viaje hacia territorio estadounidense. Estas son las dos preguntas:
“¿Ha sufrido daños o maltrato en su país de nacionalidad o de última residencia habitual?” y “¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o de residencia permanente?”. La instrucción de parte del gobierno de Donald Trump precisa: “Los solicitantes de visa deben responder verbalmente con un ‘no’ a ambas preguntas para que el funcionario consular pueda continuar con la emisión de la visa”, según filtra el diario estadounidense.
El cable no especifica qué ocurriría si un beneficiario de visa que respondió negativamente solicitara asilo posteriormente, pero advierte que tal escenario podría exponer al solicitante a cargos de fraude de visa y, potencialmente, a la deportación hacia su país de origen, o hacia un tercer país con acuerdo con los Estados Unidos, como la República Democrática del Congo, que este mes recibió a ocho colombianos en su territorio.
La directiva surge días después de que un tribunal federal de apelaciones dictaminara que la declaración de Trump de una “invasión” en la frontera entre Estados Unidos y México para restringir la entrada de solicitantes de asilo era ilegal, abriendo así la puerta a reanudar el procesamiento de solicitudes. La administración Trump ha indicado su intención de impugnar esa decisión en apelación.
Según la ley federal, los extranjeros pueden solicitar asilo una vez dentro del país si sufren persecución o tienen un temor fundado de persecución en su país de origen. La nueva directiva busca interceptar ese proceso antes de que los solicitantes lleguen a territorio estadounidense, al convertir el miedo a regresar en un motivo de rechazo consular en lugar de un criterio de protección.
En respuesta al Washington Post, el Departamento de Estado afirmó que estaba “utilizando todas las herramientas y recursos disponibles para determinar si cada solicitante de visa cumple con los requisitos de la ley estadounidense”. Y agregó: “Como el secretario Rubio ha dejado claro en repetidas ocasiones, una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”.
El número de solicitantes de asilo mensuales en la frontera suroeste se desplomó de casi 40.000 en diciembre de 2024 a apenas 26 en febrero de 2025, según un análisis del Instituto Cato.