Han pasado ocho años desde que Jorge Cubillos aterrizó en Estados Unidos buscando cumplir su propio sueño americano. Luego de años de trabajo como camionero en Bogotá y Neiva, abandonó el país junto a su familia por razones de seguridad. Pero después de rehacer su vida en la Florida, fue detenido y deportado a un exótico e insólito destino: la República Democrática del Congo, en el corazón del África subsahariana.
La vida de Jorge en Estados Unidos era como la de miles de colombianos que viven en territorio norteamericano: trabajaba, cumplía con sus gastos, tenía sus papeles al día, su permiso de trabajo, pagaba impuestos y contaba con un camión para trabajar. Pero todo cambió a inicios de este año, cuando las agresivas políticas migratorias del presidente Donald Trump pusieron sus ojos sobre él.
“Estaba presentándome a una corte federal cuando me notificaron que tenía una orden de deportación activa. Me sorprendió porque tenía un withholding of removal, una protección legal. Les expliqué eso, pero me dijeron que ya no aplicaba y que la deportación estaba activa desde el 8 de enero”, narró a SEMANA. Sin embargo, en ese momento la pesadilla apenas iniciaba para el colombiano, que veía cómo su sueño se esfumaba.
Tras hacer efectiva su captura por cuenta del famoso ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés), fue enviado a uno de los centros de detención, donde la situación solo empeoró. “Estuve primero 20 días en Orlando, luego dos meses y medio en Jacksonville, después en Luisiana y finalmente en Alexandria, desde donde salen los vuelos de deportación. Fueron meses muy difíciles. Al inicio había mucha desesperación. Nos trasladaban constantemente, muchas veces encadenados, sin claridad sobre lo que estaba pasando”, narró.

“En ese tiempo intentamos entender por qué, si teníamos protección, estábamos siendo deportados. Empecé un proceso legal, un habeas corpus, y un juez federal lo recibió. Pero al mismo tiempo aumentó la presión del ICE para que aceptara ser enviado a un tercer país, primero México, y luego empezaron a mencionar África”, asegura Cubillos sobre su vivencia en los centros de detención del ICE, señalando que sentía que la posibilidad de ser enviado a territorio africano era solo una amenaza más que una realidad.
Todo terminó de torcerse el pasado viernes 17 de abril, cuando las advertencias del ICE se hicieron realidad. Sin aviso previo, Jorge fue trasladado a Luisiana y luego a Alexandria, donde fue subido a un avión junto a decenas de migrantes que no conocían el destino final. Eran 15 suramericanos y 11 africanos, entre ellos ocho colombianos, cuatro hombres y cuatro mujeres, todos encadenados durante unas 25 horas de vuelo. Después les informaron de la realidad: iban para la República Democrática del Congo, a más de 10.000 kilómetros de Bogotá.

“Fue desconcertante. Había amenazas previas, pero uno no lo creía. Cuando se confirma, el miedo es inmediato: nos enviaban a otro continente, a un país desconocido, sin notificación previa ni condiciones básicas. Ni siquiera nos habían vacunado contra la fiebre amarilla antes del viaje”, cuenta sobre cómo fue el momento en que se dieron cuenta de que las intimidaciones de las autoridades norteamericanas finalmente se habían materializado.
El caso de colombianos enviados a la República Democrática del Congo responde a una política reciente y altamente controvertida. Bajo la Administración Trump, Washington empezó a aplicar una estrategia de deportaciones a terceros países, es decir, enviar migrantes a naciones distintas a su lugar de origen. En ese marco, se concretó un acuerdo con el gobierno congoleño para recibir a un grupo reducido de expulsados.

En el caso de los colombianos deportados, estos no podían ser enviados de regreso a Colombia porque habían solicitado asilo o contaban con mecanismos de protección como el withholding of removal o la protección contra la tortura. Estas figuras legales impiden su devolución al país donde podrían estar en riesgo, pero no prohíben que sean trasladados a un tercer país.
Durante esa larga travesía, hicieron escalas en Senegal y Ghana. En Ghana bajaron a los africanos y ellos siguieron hasta el Congo. Llegaron de madrugada, prácticamente solos, sin ningún representante del país ni de los Estados Unidos. La confusión era total; no sabían qué hacer en un país culturalmente opuesto y con un idioma que no entendían. Posteriormente los recibió una organización y resaltan que la atención fue buena, brindándoles alojamiento, comida y acompañamiento.

“Con los días empezamos a enfermarnos por el cambio de clima y alimentación. Nos han atendido, pero seguimos en incertidumbre. La organización está intentando coordinar con Colombia, y la Cancillería ha estado en contacto, pero el problema es que nosotros salimos del país por razones de seguridad y ahora nos enfrentamos a la posibilidad de regresar. Estamos tratando de entender qué va a pasar con nosotros y cuáles son las opciones reales en este momento”, dice Cubillos a SEMANA.
Mientras esperan alguna respuesta, los días pasan en un país marcado por un Estado débil, múltiples guerras locales protagonizadas por bandas criminales que se enfrentan entre sí y contra el Estado, además de una crisis humanitaria crónica con millones de desplazados internos. Masacres, amenazas, asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados y violencia sexual son peligros frecuentes.

“Estamos en un hotel, en unas instalaciones vigiladas. Nos sentimos como detenidos, pero con celular. No podemos salir; en siete días solo nos han sacado una vez. Afuera hay mucha inseguridad y pobreza. Es un país que no conocemos: no manejamos el idioma ni la comida, no sabemos cómo movernos. Tampoco tenemos recursos para estar por nuestra cuenta, así que dependemos de lo que nos brindan. Nuestra rutina es esperar a que el proceso avance y que se nos dé una solución. Cada uno tiene un caso distinto, pero todos necesitamos que esto se resuelva de la mejor manera”, cuenta sobre su rutina en el Congo.

En lo que respecta a los demás colombianos que están en el país africano, asegura que todos están en la misma situación. Permanecen en contacto con las autoridades colombianas, pero siguen confundidos y buscando ayuda. Quienes tienen abogados están revisando sus casos, porque también es un tema legal, explicando que necesitan orientación para saber qué se puede hacer y qué no. “Estamos a la espera de lo que definan la organización y los gobiernos. Nos entrevistan, nos preguntan qué queremos hacer, pero dependemos de ellos. No tenemos claridad sobre los tiempos”.
Su familia permanece en Estados Unidos, a la espera de lo que ocurra con su situación en las próximas semanas. “Es lo más difícil. Mi esposa se afectó mucho al principio. Estuve cuatro meses detenido en Estados Unidos, pero al menos estaba más cerca. Ahora estoy muy lejos y la incertidumbre es mayor. “Ella está en Estados Unidos tratando de organizar todo para que hagamos las cosas bien”, cierra Jorge Cubillos, al pedir al Gobierno Nacional que le brinde apoyo para viajar a un país donde él y su familia estén juntos y tranquilos.
