El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia recibió el alta médica en España, luego de permanecer hospitalizado durante varias semanas por complicaciones de salud.
“Hace unos días recibí el alta médica. Esta vez no voy a cometer el mismo error que la anterior, cuando, como todo amante del deporte, quise volver a la cancha antes de tiempo”, publicó González en su cuenta de X.
El dirigente también aseguró que, pese a su recuperación, seguirá atento a la situación política de su país. “Ahora espero el momento con calma, pero muy atento a lo que está pasando en Venezuela”, añadió.
Cabe recordar que González no pudo asistir a la entrega de las llaves de la ciudad de Madrid a María Corina Machado la semana pasada, en su lugar asistió su hija. Sin embargo, según informó el propio político, la dirigente opositora lo visitó durante su hospitalización.
El político venezolano ha enfrentado varios quebrantos de salud en las últimas semanas, derivados de una intervención quirúrgica a la que fue sometido hace aproximadamente un mes, lo que lo ha obligado a recibir atención médica en repetidas ocasiones.
En la misma publicación, González también se refirió a la coyuntura política venezolana y criticó la decisión de la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez de dar por finalizada la Ley de Amnistía.
“Veo una ley de amnistía que murió antes de nacer, porque nunca fue su intención que viviera. Y veo la tragedia de nuestros presos políticos, que están en cada conversación que tengo, en cada decisión que tomo, en cada hora que pasa”, afirmó el líder opositor.
La decisión de dar por terminada la ley ha generado cuestionamientos desde distintos sectores. La organización de derechos humanos Foro Penal ya había advertido que la medida era limitada y dejaba por fuera al menos a 400 detenidos por razones políticas.
De acuerdo con cifras oficiales de la Asamblea Nacional, aliada al chavismo, 8.616 personas fueron beneficiadas con esta disposición. Sin embargo, organizaciones independientes han señalado que el alcance real de la medida sería menor y que numerosos casos quedaron excluidos .
La normativa, aprobada el 19 de febrero, contemplaba beneficios para delitos como desobediencia civil, participación en protestas no autorizadas y la difusión de información crítica contra el Estado, cometidos entre 2013 y 2026.
No obstante, excluía crímenes de lesa humanidad, genocidio y violaciones graves a los derechos humanos, lo que ha mantenido el debate sobre su efectividad y verdadero impacto en la liberación de presos políticos.
