La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática llega a su fin, dos meses después de haber entrado en vigencia el 19 de febrero. Según cifras de la Asamblea Nacional, aliada al régimen chavista, 8.616 personas fueron beneficiadas con la medida que otorgó libertad plena a ciudadanos procesados por delitos de carácter político.
“Esta ley de amnistía que llega a su fin, bueno, para aquellos casos que no estaban contemplados o, mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley de amnistía; hay otros espacios donde se pueden canalizar”, afirmó Rodríguez desde el Palacio de Miraflores.
Rodríguez reconoció que la ley no contempló todos los casos e indicó que existen otras instancias para abordarlos. Mencionó el Programa de Convivencia Democrática y Paz y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal como espacios para “el abordaje de casos relacionados con la justicia”.
El fiscal general Larry Devoe funge como secretario de la Comisión para la Reforma del Sistema Penal, uno de los mecanismos que el gobierno señaló como alternativa para los casos que quedaron fuera de la amnistía.
La mandataria defendió el alcance de la medida y la comparó con procesos similares en otros países. “He hecho comparaciones que colocan a esta ley de amnistía en un punto muy alto en relación a lo que fue la ley de amnistía en Sudáfrica, que duró siete años, o lo que es la ley de amnistía en España, que todavía está aperturada desde el año 2024”, señaló, antes de agregar que “aquí estamos hablando de 8.616 personas que han sido beneficiadas con la ley de amnistía, que tienen hoy libertad plena”.
La organización de derechos humanos Foro Penal había advertido desde la aprobación de la ley que esta era incompleta y que al menos 400 presos políticos quedaban excluidos de ella. Rodríguez respondió a esas voces de forma indirecta: “Siempre habrá voces que buscan perturbar los procesos”, dijo.
La ley, aprobada el 19 de febrero, cubre delitos como desobediencia civil, participación en protestas no autorizadas y difusión de información crítica contra el Estado, cometidos entre 2013 y 2026, pero no aplica a crímenes de lesa humanidad, genocidio ni violaciones graves a los derechos humanos.
El anuncio se produjo en el marco de los 100 días de gestión de Rodríguez como presidenta encargada, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.