La bancada del partido Centro Democrático en el Senado de la República emitió una constancia oficial para expresar su rechazo al proceso judicial que adelanta la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida contra el coronel en retiro del Ejército Nacional, Luis Alfonso Plazas Vega.
La colectividad política solicitó la intervención directa del Gobierno Nacional y del Congreso para brindar acompañamiento diplomático, político y asistencia económica en la financiación de la defensa legal del oficial retirado.
El juicio civil en territorio estadounidense, iniciado a comienzos de septiembre de 2026 en Miami, fue promovido por los familiares del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.
La demanda busca establecer la responsabilidad del militar en retiro por presuntas ejecuciones y torturas ocurridas durante la reestructuración operativa del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, amparándose en la legislación norteamericana sobre abusos internacionales.
Argumentos de la defensa e historial judicial
En la constancia leída ante la plenaria del Senado, el partido opositor argumentó que el oficial actuó en cumplimiento de sus funciones constitucionales al mando de la Escuela de Caballería.
La colectividad recordó que la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió un fallo definitivo en diciembre de 2015 en el que absolvió de toda responsabilidad penal al coronel Plazas Vega, restituyendo sus derechos tras haber permanecido privado de la libertad desde su condena inicial en el año 2010.
El documento presentado por la bancada enfatizó las conclusiones expuestas por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana.
Respecto al alcance de las decisiones judiciales previas en el país, el texto parlamentario señaló que “la Corte Suprema de Justicia de Colombia, mediante decisión definitiva, concluyó que el coronel no tuvo responsabilidad en hechos de tortura, desaparición forzosa o ejecución extrajudicial”, delimitando la participación del oficial a labores exclusivas de combate y rescate operacional.
Solicitud de financiamiento estatal y avance procesal
Ante el impacto económico y las implicaciones institucionales del proceso en el exterior, el Centro Democrático pidió la activación de mecanismos estatales para sufragar los honorarios defensivos del militar y su núcleo familiar.
Sobre el deber de las autoridades con los integrantes de la Fuerza Pública, la bancada legislativa sostuvo que “respaldar la defensa del coronel es un deber del Estado hacia quienes actuaron en defensa de las instituciones”, destacando que las acciones se desarrollaron bajo el uniforme oficial.
De acuerdo con información recabada por la revista Semana, el proceso judicial en el estado de Florida inició la fase de presentación de argumentos con la conformación del jurado popular.
Las autoridades judiciales del tribunal norteamericano prevén concluir las audiencias testimoniales a más tardar el viernes 18 de septiembre, tras dar apertura a las declaraciones de los testigos citados por las partes.