Todas las instituciones tienen incentivos.
Los diarios necesitan historias.
Las universidades necesitan investigación.
Las organizaciones necesitan misiones para sostenerse.
Las Naciones Unidas no son algo diferente.
Durante décadas, una nefasta enfermedad se ha estado propagando dentro de la ONU, dedicada a criticar a Israel. Este sistema cuenta con agencias, comisiones, presupuestos y personal permanentes y singulares que, en conjunto, producen un flujo incesante de informes falsos, de investigaciones manipuladas y resoluciones distorsionadas que influyen en la opinión pública sobre Israel, y continúan alimentando este sistema.
La cuestión ya no es si algunos funcionarios exhiben parcialidad. En algún punto, el sesgo dejó de ser un defecto del sistema y se convirtió en el sistema.
La promesa de la igualdad de trato
Nacida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y de los horrores del Holocausto, la ONU fue establecida en 1945 por 51 miembros fundadores y todos adhirieron a una misión ambiciosa: salvar a las siguientes generaciones del flagelo de la guerra, defender los derechos humanos y garantizar que el derecho internacional se aplicara de modo igualitario. El trato igualitario no era una mera aspiración: era la piedra angular de la credibilidad y los valores de la institución.
Hoy, la ONU es un protagonista fundamental en la configuración de la diplomacia, en el derecho internacional, en la cobertura mediática y en la opinión pública mundial. Sus informes son considerados fuentes fidedignas y creíbles por gobiernos y periodistas alrededor del mundo. Esa influencia implica una enorme responsabilidad y exige que sus normas y mecanismos se apliquen de manera imparcial. No obstante, cuando se trata de Israel, una democracia dinámica que ingresó a la ONU en 1949, sus registros reflejan una realidad sumamente diferente.
Observemos las cifras. De 2015 a 2025, Israel fue objeto de más resoluciones críticas de la Asamblea General que el resto del mundo combinado en nueve de los últimos once años.
Durante ese período, la Asamblea General adoptó 109 resoluciones críticas específicas contra Israel, en comparación con las 83 de todos los otros países combinados.
El desequilibrio resuena aún con más fuerza cuando se compara con la gravedad de las acciones de otros gobiernos. Un análisis que contrasta las condenas de la ONU con las calificaciones de gobernabilidad de Freedom House reveló que Israel recibió un número considerablemente mayor de condenas que los Estados autoritarios radicales, entre ellos Siria, Irán y Corea del Norte. Esto es algo totalmente injustificable y absurdo.
Israel es una democracia que defiende los valores liberales y el Estado de derecho, la igualdad en materia de derechos humanos y la libertad de culto para todos sus ciudadanos. La disparidad plantea un interrogante fundamental: ¿acaso el análisis riguroso de la ONU está realmente determinado por la gravedad del historial de derechos humanos de un país o por algo más?
Si Israel mantiene normas que estos regímenes violan de manera sistemática y, sin embargo, afronta condenas más severas, entonces, la cuestión no pasa por los derechos humanos. El enfoque desproporcionado que se le da al único Estado judío del mundo es el problema.
Esta disparidad no es accidental; la misma ha sido construida en la propia maquinaria, en el propio sistema de la ONU.
La maquinaria del doble rasero
El problema va mucho más allá de informes individuales o de funcionarios controvertidos. Durante décadas, la ONU ha construido un nivel de análisis minucioso acerca de Israel que no existe para ningún otro Estado.
En el Consejo de Derechos Humanos, todos los otros países son considerados en el marco del tema 2 de la Agenda. Solo Israel ha sido aislado en su propio punto 7 de la Agenda, lo que provoca un análisis riguroso y obsesivo en todas las sesiones. Además, hay una comisión de investigación de duración indefinida y un mandato permanente de relator especial.
Esto no surgió de la noche a la mañana. En 1975, Estados alineados con la Unión Soviética, así como países árabes y otros de mayoría musulmana, unieron fuerzas para atacar a Israel, al tiempo que desafiaban la credibilidad de su aliado más estrecho, los Estados Unidos. Esa coalición ayudó a aprobar la Resolución 3379, que declaró que “el sionismo es una forma de racismo”.
El sionismo es el movimiento para la soberanía del pueblo judío en su patria ancestral. En el caso de cualquier otro grupo de personas, la comunidad internacional defendería ampliamente el principio de la autodeterminación.
Aunque fue derogada en 1991, la lógica política persistió. La misma dinámica de bloques ayudó a explicar por qué las resoluciones antiisraelíes pueden contar con sólidas mayorías en la ONU y reapareció en la Conferencia sobre Racismo de Durban de 2001, donde una vez más Israel se convirtió en un objetivo central. Lo que comenzó como una política de coaliciones se transformó en un patrón permanente que sigue dándole forma al trato de Israel en la ONU.
Más allá del Consejo de Derechos Humanos, esta infraestructura continúa ampliándose. La ONU mantiene una División para los Derechos Palestinos, el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, el Comité Especial para Investigar las Prácticas Israelíes y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), un organismo de refugiados separado dedicado a la cuestión palestina.
Esta modalidad pone de manifiesto una contradicción fundamental. Muchos palestinos considerados como refugiados viven en los territorios palestinos, inclusive en zonas en las cuales la Autoridad Palestina ejerce responsabilidades gubernamentales significativas y, no obstante, conservan el estatus especial de refugiados en el marco de la UNRWA.
Ninguna otra población de refugiados tiene un organismo específico de la ONU y un marco institucional comparable. La UNRWA fue establecida como un organismo de asistencia temporal. Sin embargo, más de siete décadas después, aún existe y permite que los descendientes de los refugiados originales también sean considerados refugiados. En lugar de llevar la cuestión de los refugiados hacia una resolución, el sistema ha permitido que el estatus de refugiado persista a través de las generaciones.
Mientras tanto, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) se ha convertido en uno de los centros de información más influyentes, produciendo un flujo constante de informes que le dan forma a la cobertura mediática, al discurso diplomático y a los procedimientos legales internacionales.
La fuente de estas cifras plantea sus propias preguntas. OCHA ha recabado la información de autoridades de la Gaza gobernada por Hamás, a pesar de que Hamás ha sido calificada como una organización terrorista por los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y otros. Un “Informe del Comité Especial para investigar las Prácticas Israelíes” de la ONU de 2025 reconoce explícitamente haber recibido información del “Ministerio de Salud en Gaza”, que es otro nombre para una rama de la organización terrorista Hamás. La contradicción es llamativa: las estadísticas de una organización calificada como terrorista están siendo utilizadas para deslegitimar y demonizar a una democracia, Israel.
Estos organismos conforman un ciclo de burocracia permanente, respaldado por miles de millones de dólares en financiación anual proveniente del dinero de los contribuyentes. La cuestión ya no es si los informes individuales son imparciales. El tema es si una institución puede mantener la neutralidad cuando todo un ecosistema de comisiones, investigadores, organismos y mecanismos de información está dedicado a someter a un Estado miembro a un análisis riguroso mayor que el aplicado al resto: una democracia cuyo único delito real es el de ser el único Estado judío del mundo.
No se trata de un análisis riguroso ocasional. Se trata de un doble rasero que ha sido construido dentro del sistema y se hizo permanente.
Síntesis
El peligro causado por la ONU va mucho más allá de un trato injusto a Israel. Cuando la organización se obsesiona excesivamente en condenar a una democracia en lugar de hacerlo con los regímenes que sistemáticamente violan las libertades que dicha institución se propuso defender, le quita sentido al término de “derechos humanos”. Principios que deben respetarse universalmente se han convertido en herramientas políticas, aplicadas solamente acorde a las mayorías, las alianzas y las agendas.
Israel exige lo que la ONU les prometió a todas las naciones desde el principio: un trato igualitario basado en normas iguales. Hasta que ello suceda, el interrogante ya no es si la institución tiene prejuicios contra Israel. La pregunta es si una institución que aplica sus principios de manera tan selectiva aún puede continuar reivindicando la autoridad moral para hablar en nombre de la misma.
Los principios universales aplicados selectivamente ya no pueden ser considerados principios universales.
*Este texto fue escrito por la embajadora de israel Vivian Aisen.