Estados Unidos informó el miércoles, 5 de mayo, que dio de baja a cinco personas en dos ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas de América Latina en los últimos dos días, elevando el saldo de muertos en este tipo de operaciones a al menos 190.
En un comunicado en X, el Comando Sur señaló que una de las embarcaciones “transitaba por rutas de narcotráfico conocidas (...) y se encontraba involucrada en operaciones de narcotráfico”.
“Tres narcoterroristas de sexo masculino murieron durante esta acción”, añadió.
Este último ataque se produce tras una ofensiva similar llevada a cabo el lunes en el Caribe, en la que murieron dos personas, según el Comando Sur.
Washington justifica estas operaciones como ataques a grupos “narcoterroristas”, pero no aporta pruebas contundentes que permitan afirmar que los barcos atacados estaban efectivamente implicados en actividades de tráfico.
Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalen a “ejecuciones extrajudiciales”, pues aparentemente apuntan contra civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.
El gobierno de Donald Trump invoca los mismos procedimientos que administraciones anteriores utilizaron durante años en países como Yemen o Somalia para acabar con presuntos terroristas, sin dar más detalles.
La muerte de estos tres hombres, a los cuales el Comando Sur se ha referido como “narcoterroristas”, eleva a 190 el número de víctimas mortales de la referida operación Lanza del Sur, campaña militar emprendida por Estados Unidos a ambas orillas de las Américas.
El debate constitucional sobre estos ataques en el Congreso de Estados Unidos arrancó con los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, y se agudizó con la operación militar, que incluyó bombardeos, para capturar al dictador Maduro y a su esposa Cilia Flores.
Especialistas críticos con los poderes de guerra que invoca el presidente Trump consideran que ese tipo de medidas solo las puede aprobar el Congreso.
La Constitución da al poder legislativo la prerrogativa de declarar la guerra, salvo en caso de urgencia evidente.
Los favorables al gobierno Trump consideran que son acciones letales pero de aplicación de las leyes antinarcóticos, que además se refuerza con la calificación de “terroristas” que han recibido los cárteles de la droga.