La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó durante la jornada de este martes un paquete de reformas a la Constitución Política de Nicaragua promovido por el presidente del país, Daniel Ortega.
Esta iniciativa introduce cambios en el sistema político y modifica los requisitos de participación en los procesos electorales del país centroamericano.
Con el voto favorable en la Asamblea Nacional de Nicaragua, el órgano legislativo dio luz verde a la enmienda en una sesión plenaria. La medida busca ajustar las normas constitucionales para la inscripción de candidatos en las próximas elecciones presidenciales.
¿De qué trata la medida?
Entre los puntos centrales de la modificación normativa, se destaca la extensión de la permanencia en el poder del jefe de Estado. La enmienda aprobada amplía el mandato presidencial de seis a siete años, otorgando un mayor margen de gestión a la figura del Ejecutivo.
Adicionalmente, el marco constitucional modificado restringe el acceso a cargos de elección popular para los líderes y colectivos adversos al gobierno.
El texto legal estipula que quedarán excluidos de las elecciones los ciudadanos involucrados en actos golpistas, conductas catalogadas como traición a la patria o peticiones de intervención militar extranjera.
Votación de la Asamblea Nacional de Nicaragua
El procedimiento de aprobación concluyó sin objeciones por parte del parlamento controlado por el partido de gobierno. Tras la revisión y votación general de cada uno de los artículos contenidos en el proyecto, la mesa directiva del Congreso dio por ratificado el texto constitucional.
Sobre el resultado final de la jornada legislativa, el presidente del órgano parlamentario, Gustavo Porras, declaró que las reformas fueron “aprobadas de forma unánime” por los diputados presentes en el recinto.
Alcance institucional y reacciones en el sector político
Las reformas aprobadas consolidan un nuevo esquema institucional que redefine los derechos políticos y la competencia electoral en Nicaragua.
Analistas y organizaciones señalan que las causales de exclusión permitirán privar de derechos políticos a los sectores disidentes que mantengan posturas críticas frente a la administración actual.
Con la entrada en vigencia del articulado, el marco normativo electoral del país centroamericano se alinea de manera estricta con los lineamientos fijados por la presidencia de la República, cerrando las vías de participación a organizaciones de la oposición.
*Realizado con información de AFP*