Un magistrado del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador resolvió suspender de manera temporal a la organización política mediante la cual el correísmo pretendía mantenerse en la contienda para las elecciones locales previstas para noviembre.
Esta decisión se produce luego de que, en marzo, la Revolución Ciudadana (RC), agrupación liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), fuera inhabilitada.
La medida afecta al movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), organización que ya había oficializado las candidaturas de varias de las figuras más representativas del correísmo para distintos cargos de elección local.
Entre los aspirantes sobresalen el actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, así como la excandidata presidencial Luisa González, quien aspira a convertirse en prefecta de la provincia de Manabí, considerada uno de los principales bastiones electorales del correísmo.
La suspensión fue dictada por el juez Patricio Maldonado, quien dio curso a una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón.
En ella se señala la existencia de una investigación previa por un presunto delito de lavado de activos que involucra a los directivos del movimiento Amigo, argumento que coincide con el utilizado meses antes para suspender a la Revolución Ciudadana.
Amigo nació en 2018 como un movimiento político de carácter provincial en Manabí. En sus inicios llevaba el nombre de Mejor y fue impulsado por el entonces asambleísta correísta Daniel Mendoza.
Sin embargo, en 2020 Mendoza fue procesado y posteriormente sentenciado por un caso de corrupción, situación que dejó a la organización en un escenario de incertidumbre.
A pesar de esto, en las elecciones de 2021 consiguió registrar la candidatura presidencial de Pedro José Freile, quien alcanzó el 2,08 % de los votos.
Más adelante, en 2024, el movimiento respaldó la candidatura de Yaku Pérez para la Asamblea Nacional y, además, inscribió como aspirante a la Presidencia a Juan Iván Cueva, cuyo resultado electoral fue del 0,1 % de los sufragios.
Para 2026, Daniel Mendoza ya no mantenía ningún vínculo con la organización, cuya dirección pasó a estar en manos de Jouber Antonio Azua Alvia, una persona sobre la que no existe información pública disponible, según el diario El Comercio.
Revolución Ciudadana (RC) fue suspendida de forma temporal por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en marzo de 2026 debido a una disposición del Código de la Democracia que permite suspender a una organización política cuando la Fiscalía General solicita la medida en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que involucre directamente al movimiento.