El Departamento de Estado de los Estados Unidos oficializó una reducción drástica, de más del 80%, del costo para que un ciudadano estadounidense renuncie a su nacionalidad.
Esta medida entrará en vigor el 13 de abril de 2026, según una regla final publicada en el Federal Register, el boletín oficial del gobierno federal.
Procedimiento mantiene requisitos estrictos pese al menor costo
La tarifa para solicitar el trámite formal de renuncia de ciudadanía, el pago que se realiza al presentar la solicitud del Certificado de Pérdida de Nacionalidad, fue reducida de 2.350 a 450 dólares.
Este cambio regresa el costo al nivel que estuvo vigente entre 2010 y 2015, antes de que fuera elevado para cubrir lo que entonces se estimó como gastos administrativos crecientes.
En su explicación oficial, la agencia determinó que el monto anterior suponía una carga económica desproporcionada para quienes desean renunciar a su ciudadanía.
Además, la tarifa reducida sigue siendo suficiente para cubrir los costos esenciales de procesamiento del trámite, aunque ya no busca recuperar el costo completo del servicio.
El procedimiento para renunciar a la ciudadanía estadounidense continúa siendo riguroso y personal.
Quienes lo solicitan deben presentarse ante un funcionario consular en una embajada o consulado fuera de Estados Unidos, confirmar repetidamente por escrito y de forma verbal que comprenden las consecuencias legales de su decisión, y prestar un juramento formal.
Todo esto, antes de que la renuncia sea revisada y validada por el Departamento de Estado.
Este ajuste se produce después de años de críticas y acciones legales de grupos que representan a estadounidenses con vínculos limitados al país.
Por ejemplo, aquellos que solo poseen la ciudadanía por haber nacido allí, pero han vivido la mayor parte de su vida en el extranjero.
Reducción histórica de la tarifa para renunciar a la nacionalidad
La tarifa, ahora fijada en 450 dólares, no necesariamente cubre todos los costos asociados con la renuncia, que pueden incluir asesoría fiscal o legal en otros países.
Tampoco sustituye otras obligaciones impositivas como posibles impuestos de salida (exit tax), que algunos ciudadanos pueden enfrentar tras la renuncia.
La modificación se interpreta en el contexto de un país que aplica impuestos sobre la renta basados en la ciudadanía, incluso cuando sus ciudadanos residen en el extranjero, algo inusual a nivel mundial.
Esta característica fiscal, junto con requisitos de declaración de cuentas extranjeras, ha sido uno de los factores que empujó a algunos ciudadanos a considerar la renuncia de su nacionalidad estadounidense en las últimas décadas.
En resumen, la reducción del precio para renunciar a la ciudadanía representa un intento del gobierno de hacer más accesible y proporcional este procedimiento legal.
Al mismo tiempo, responde a litigios y demandas de ciudadanos, y restablece una tarifa que había sido significativamente incrementada hace más de una década.