Aunque Donald Trump ha insistido en revocar la ciudadanía a migrantes naturalizados por fraude, el marco legal estadounidense establece barreras altas.
La nacionalidad solo puede anularse si se demuestra que fue obtenida de manera ilegal o mediante engaño material durante el proceso de naturalización, y siempre por orden de un tribunal federal.
Trump anuncia revocaciones de ciudadanía, pero la ley pone límites estrictos
En un discurso el 13 de enero de 2026, el presidente Donald Trump afirmó que su administración revocará la ciudadanía de inmigrantes naturalizados que sean condenados por “defraudar a ciudadanos estadounidenses”.
La afirmación señaló en particular a inmigrantes de Somalia entre los afectados por esta política más dura contra el fraude migratorio.
Esa declaración ha generado alarma y especulación sobre si la Casa Blanca puede, de hecho, quitar la nacionalidad a un gran número de naturalizados únicamente por delitos de fraude cometidos después de obtener la ciudadanía.
La respuesta legal más precisa es que el gobierno federal tiene herramientas limitadas para despojar a alguien de la nacionalidad, pero estas están definidas por la ley y sujetas a control judicial.
Bajo la legislación actual, la revocación de ciudanía solo puede ocurrir si la persona obtuvo la naturalización de forma legal o mediante fraude material en el proceso mismo de naturalización.
Esto está previsto en el Código de EE. UU., que autoriza al gobierno a iniciar procedimientos civiles para anular certificaciones de ciudadanía obtenidas por “ocultación de un hecho material o por tergiversación intencional”.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha reforzado este límite estableciendo que no basta con que una afirmación falsa sea errónea, sino que debe haber influido en la concesión de la ciudadanía para justificar su revocación.
Qué sí y qué no puede hacer la administración Trump
Aunque el presidente puede dirigir prioridades y recursos, no puede por sí solo cambiar las condiciones legales bajo las cuales se revoca la ciudadanía.
La ley no permite quitar la nacionalidad a ciudadanos por delitos cometidos después de naturalizarse, ni convertir un crimen posterior en causa automática de pérdida del estatus.
Para proceder, el gobierno debe demostrar en un tribunal federal que hubo fraude en el proceso de adquisición de la ciudadanía, y la persona tiene derecho a defenderse ante un juez.
El memorando del Departamento de Justicia de 2025 ya instruyó a fiscales a priorizar casos de desnaturalización por fraude o tergiversación, lo que ha incrementado las revisiones de solicitudes de ciudadanía pasadas, aunque estos procesos siguen siendo raros y complejos.
Además, propuestas legislativas recientes en el Congreso buscan ampliar las bases para revocar la ciudadanía de migrantes condenados por fraude, pero todavía no han sido aprobadas ni convertidas en ley.
Esto significa que cualquier cambio significativo requeriría la acción del Congreso y probablemente enfrentarían impugnaciones legales.
En resumen, sí existe un mecanismo legal para revocar la ciudadanía por fraude, pero está circunscrito a casos en que esa nacionalidad fue obtenida mediante engaño en el propio proceso de naturalización y debe probarse en tribunales.
