La Department of Homeland Security (DHS) de Estados Unidos propone un cambio que podría transformar la manera en que se evalúa la “carga pública” de los solicitantes de residencia permanente.
Bajo este criterio, quienes dependen de ciertos programas de ayuda social podrían ver limitada su posibilidad de obtener la green card, lo que ha generado incertidumbre para miles de inmigrantes y sus familias.
¿Cuál es la reversión que propone el DHS?
La DHS ha anunciado una propuesta de reglamento que revierte de tajo las protecciones establecidas por la administración Joe Biden en el 2022, para los inmigrantes que buscan la residencia permanente.
De acuerdo a lo que informa Newsweek, el cambio gira en torno al llamado ground of inadmissibility por carga pública (public charge), es decir, la posibilidad de que un solicitante sea considerado “una carga del Estado” al depender de beneficios públicos.
Con esta propuesta, el gobierno amplía el margen de discrecionalidad de los funcionarios de inmigración para decidir quién califica o no.
¿Qué incluye la propuesta y por qué importa?
Bajo la regla de 2022 promulgada por la administración Biden, la definición de carga pública se limitaba principalmente a asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos y a atención institucional de largo plazo a cargo del gobierno.
No se tomaban en cuenta programas como Medicaid regular, ayuda alimentaria (SNAP), subsidios de vivienda, ni la asistencia médica comunitaria.
La nueva propuesta de la DHS, podría reintroducir criterios más amplios. Así, la participación en ciertos programas sociales o de salud podrían pasar a ser considerados como indicio de que el solicitante “podría convertirse en carga pública”.
Esto significa que los funcionarios tendrían más discrecionalidad para negar la residencia, como edad, salud, historial familiar, uso de beneficios públicos podrían tomar un peso mayor.
¿A quién afecta y cuáles son los riesgos?
Aunque ciertas categorías de inmigrantes como refugiados, asilados, sobrevivientes de trata, veteranos, niños protegidos, están generalmente exentas de la regla de carga pública, la propuesta podría generar un efecto escalofriante (“chilling effect”) para muchas familias que actualmente son elegibles para acceso a salud, nutrición o vivienda.
Según organizaciones como National Immigration Law Center (NILC) o Protecting Immigrant Families Coalition, este cambio crea incertidumbre para millones de residentes legales y solicitantes de tarjeta verde, quienes podrían quedarse sin acceder a servicios públicos por temor a que eso afecte su estatus migratorio.
Además, la propuesta implica que los procesos de solicitud de residencia podrían volverse más complejos y demorados, lo que preocupa en gran medida, ya que se ha reportado que la carga de papeleo para las tarjetas verdes se duplicó en esta administración, según citan expertos.
El DHS ha presentado ahora una propuesta de norma titulada “Motivo de inadmisibilidad por carga pública” en el Registro Federal.
Esta nueva propuesta, prevista para publicarse el 19 de noviembre, revocaría las protecciones de la administración Biden que entraron en vigor en diciembre de 2022.