Trabajadores agrícolas en diversas regiones de Estados Unidos están lanzando una clara advertencia: el reciente cambio en la metodología de cálculo de salarios para el programa H-2A podría implicar recortes significativos en sus ingresos.
Según organizaciones laborales, el nuevo enfoque del Departamento de Trabajo recortará entre $1 y $3 dólares por hora en muchos estados, lo que afectaría de forma directa a cientos de miles de trabajadores migrantes.
El programa H-2A permite que agricultores contraten trabajadores extranjeros para labores temporales agrícolas, siempre que se les pague una tasa llamada Adverse Effect Wage Rate (AEWR), diseñada para proteger los salarios del mercado interno. Sin embargo, una regla emitida recientemente por el Departamento de Trabajo cambia la forma en que esa tasa se calcula.
En lugar de usar la encuesta agrícola del USDA (Farm Labor Survey), ahora se recurrirá a datos de la encuesta OEWS (Occupational Employment and Wage Statistics) del Buró de Estadísticas Laborales, con ajustes que restan valor al salario final.
Según estimaciones de la organización United Farm Workers, el cambio generará un recorte de entre $5 y $7 dólares por hora en algunos estados, lo que se traduciría en una pérdida económica de hasta $2.46 mil millones de dólares anuales para los trabajadores del H-2A.
Sectores del agronegocio han celebrado la medida como un alivio para las cargas de costos laborales, especialmente en un contexto donde los precios agrícolas están presionados por afectaciones comerciales globales.
La polémica ya se siente en el terreno. Líderes sindicales y defensores laborales advierten que estas reducciones salariales no solo profundizarán la precariedad de los trabajadores migrantes, sino que también presionarán a la baja los salarios de trabajadores agrícolas residentes en Estados Unidos. “Cuando se bajan los salarios del H-2A, es el empleo local el que pierde”, afirmó Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers.
El panorama se complicará aún más si se considera que Estados Unidos atraviesa una paralización parcial del gobierno iniciada el 1 de octubre de 2025. Esa situación ha bloqueado pagos agrícolas, préstamos y ayudas que podrían mitigar el impacto para los cultivadores y trabajadores. Además, con la extracción de fondos de emergencia y ajustes fiscales, los recursos disponibles podrían quedar limitados si el paro legislativo persiste.
El nuevo régimen salarial entra en vigor de inmediato para nuevos contratos del H-2A, aunque el Departamento de Trabajo abrió un periodo de comentarios públicos de 60 días para recibir opiniones y posibles ajustes. Expertos laborales subrayan que la aplicación inmediata podría dejar a obreros vulnerables sin tiempo para adaptarse.
En el debate más amplio, analistas advierten que esta reforma laboral puede aumentar las desigualdades dentro del sector agrícola. Estudios recientes estiman que las redadas migratorias en áreas como Oxnard (California) redujeron la mano de obra agrícola entre 20% y 40%, provocando pérdidas de hasta $7 mil millones de dólares y alzas en el precio de productos agrícolas del 5% al 12%.
Con esta nueva política, el sector agrícola enfrentará una doble amenaza: menos trabajadores y menores ingresos para quienes continúan. La tensión entre los intereses agrícolas y los derechos laborales abre un pulso con consecuencias profundas, en plena temporada de cosechas en Estados Unidos.