El pasado 23 de agosto, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó al Ministerio de Transporte que revisara en detalle el funcionamiento de las fotomultas en Colombia, ya que estarían siendo usadas principalmente con fines recaudatorios.
“Ministra Elsa Noguera, ese es el camino. Ya está bueno de tantos abusos. Le pido que revise a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional. Estos mecanismos deben servir para proteger la vida y mejorar la seguridad vial, no para convertirse en una trampa contra los ciudadanos ni en un negocio”, manifestó.
El jefe de Estado dijo que los ciudadanos no se deben ver afectados por estos cobros, que no se estarían realizando de acuerdo con las normas de seguridad vial, y enfatizó en que no se puede permitir más atropellos. “El Estado está para servir al ciudadano, no para abusar de él”, sentenció.
Este domingo, 6 de septiembre, el mandatario colombiano reveló un primer reporte de esa revisión nacional por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se destacan algunos hallazgos en el municipio de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca.
De acuerdo con De La Espriella, en esta zona del país se negó la entrada en operación de un sistema que no cumplía los requisitos técnicos. “Las fotomultas son para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos”, insistió el mandatario.
También aseguró que la revisión preliminar encontró aproximadamente 40.000 órdenes de comparendo que podrían haber sido impuestas irregularmente por dispositivos autorizados que no registraban oficialmente el inicio de su operación.
Explicó que esta cifra está siendo validada con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), con el fin de adoptar las decisiones jurídicas que correspondan.
De La Espriella indicó que también se identificaron 12 dispositivos cuya autorización está siendo objeto de trámite de revocatoria por cambios en la competencia de la autoridad de tránsito.
“He ordenado revisar todos los puntos habilitados en Colombia y avanzar, junto con el Ministerio de Transporte, en una nueva reglamentación. También vamos a ponerle la lupa a los vehículos que utilizan dispositivos tecnológicos para imponer comparendos sin agentes y sin la debida autorización”, dijo.
Finalmente, el presidente de la República señaló que “la seguridad vial no puede ser una excusa para esquilmar al ciudadano. El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar. Y donde encontremos irregularidades, actuaremos. Menos discursos y más resultados”.