Con el objetivo de proteger los derechos de las personas víctimas de las distintas finalidades de explotación, como la prostitución ajena y explotación sexual; trabajos o servicios forzados, servidumbre y explotación de la mendicidad ajena; matrimonio servil, esclavitud o prácticas semejantes a la esclavitud y tráfico de órganos, el Distrito lanzó oficialmente, por primera vez en la historia, la política pública de lucha contra la trata de personas en Bogotá Distrito Capital, 2022-2031.

El secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel, reveló que esta política se pondrá en marcha con recursos por 117 mil millones de pesos para combatir “uno de los delitos más atroces, que acaba con la dignidad y la voluntad del ser humano. Es el resultado de continuar una idea diseñada y planeada en la administración anterior que nos hace el primer ente territorial que tiene una política pública de esta naturaleza”, indicó.

Asimismo, hizo un reconocimiento al aporte brindado por los demás sectores de la administración, el Gobierno nacional y los organismos internacionales, y expresó su deseo de que “esta iniciativa sea replicada en todo el país”.

Con esta política se busca disminuir la ocurrencia de este delito desde la prevención, la asistencia y protección a las víctimas. También a quienes puedan sufrir este flagelo, a través del acompañamiento en las etapas de prevención, asistencia e impulso a la investigación, judicialización y sanción de las personas y organizaciones dedicadas a esta actividad delictiva.

Un elemento clave de esta política es la presentación de una oferta interinstitucional que busca garantizar el acceso a servicios a las víctimas en pro de la restitución de sus derechos, como asistencia y suministro de protección integral, inmediata y sin barreras, a las víctimas, su núcleo familiar y a testigos.

De igual modo, busca visibilizar las rutas de atención dispuestas y promover la confianza de la ciudadanía en la acción de las entidades; fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las instancias encargadas de investigar y judicializar a los responsables de este delito; y contar con estadísticas y cifras para hacer seguimiento a la ocurrencia de este flagelo.

Esta articulación se realiza a través del Comité Distrital de Lucha Contra la Trata de Personas, instancia liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno y de la cual forman parte entidades como las secretarías de Seguridad, de la Mujer, Educación, Salud, e Integración Social, Desarrollo Económico, Planeación; Idipron, IDT, Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, Personería Distrital y Policía Metropolitana de Bogotá.

Asimismo, se cuenta con la participación de entidades como la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General, Sena, Defensoría del Pueblo, Icbf, Ministerio del Interior y Migración Colombia, además de la academia, organizaciones de la sociedad civil y el apoyo reciente de Usaid, Unodc, OIM y Consejo Danés.

El delito de trata de personas es la tercera renta criminal con mayor rentabilidad en el mundo -después del narcotráfico y la compra y venta ilegal de armas-, es así como entre 2021 y el primer trimestre de este año, el Distrito registró cerca de 65 casos, con las mujeres como las mayores víctimas de este delito, con 52 casos, mientras que 13 hombres se identificaron como afectados por este flagelo.

La finalidad de explotación con más casos registrados continúa siendo la explotación sexual, con 32 casos, seguida de trabajos o servicios forzados, con once; servidumbre, con seis, y matrimonio servil con dos. En 14 casos no se especifica la finalidad de explotación. De otra parte, en 38 de los casos la explotación se dio fuera del país (trata externa) y 27 dentro del territorio nacional (trata interna).

El registro de casos no denunciados ante las autoridades puede ser mayor a los indicados anteriormente a causa del desconocimiento de la víctima o su temor a retaliaciones y a ser revictimizada.

Bogotá es considerada por las autoridades como un lugar de origen, tránsito y destino de la trata de personas, especialmente en finalidades como la explotación sexual, los trabajos forzados y la mendicidad ajena, y son las mujeres entre los 18 y 27 años, así como la población migrante, quienes se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas del delito.

Para brindar atención a las personas víctimas, la Secretaría de Gobierno ha dispuesto la Ruta de Atención, a la cual se puede acceder llamando al celular 300 250 50 50 y al correo electrónico lucha.trata@gobiernobogota.gov.co