El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, arremetió contra la política de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro e hizo un llamado desde el barrio Bellanera, tras escuchar las denuncias de los ciudadanos sobre la situación de inseguridad en la zona.
Ante vecinos y dueños de negocios, Char afirmó que la problemática de inseguridad que atraviesa el sector responde, en su opinión, a una estrategia que no ha sido efectiva para frenar el crecimiento de organizaciones delictivas.
Durante su intervención, relacionó de manera directa el incremento de la extorsión con lo que describió como un enfoque que, según él, favorece a los criminales por encima de la población.
El dirigente expuso un escenario dominado por el miedo constante. De acuerdo con sus palabras, numerosas familias han decidido fortalecer sus hogares mediante rejas y sistemas de vigilancia, generando así una dinámica que convierte la vida en el barrio en una sensación de aislamiento.
Para Char, este contexto evidencia un deterioro paulatino de las condiciones de convivencia en las comunidades más vulnerables.
“A los únicos que cuidan es a los bandidos y a la gente de bien tiene que gastarse la plata en rejas, como si estuvieran en una cárcel, por el miedo”, dijo el alcalde de Barranquilla.
“Protegen es a los bandidos y a la gente buena tiene que encerrarse, ¿con cuánta reja? ¿Cuánta plata tienen gastarse en reja? Todo el barrio está extorsionado, me dicen que de vaina queda una tienda abierta, las demás todas han cerrado, eso es lo que nos ha traído la paz total ésa”, cuestionó Char, según declaraciones obtenidas por la FM.
No es la primera ocasión en la que el alcalde de Barranquilla entra en desacuerdo con las propuestas del Gobierno. A comienzos de este año, expresó su inconformidad frente al anuncio del traslado de cabecillas de organizaciones delictivas a la ciudad.
Mediante una publicación en redes sociales señaló: “En vez de fortalecer a nuestra Fuerza Pública, nos envían peligrosos delincuentes como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y otros 40 individuos a centros penitenciarios que no disponen de las condiciones adecuadas de seguridad para albergarlos, desatendiendo además el sufrimiento de nuestra comunidad”.
A inicios del mes de marzo, un reciente operativo culminó con la detención de supuestos miembros de organizaciones vinculadas a esta actividad delictiva.
De acuerdo con las indagaciones, dichos grupos empleaban estrategias como videollamadas para intimidar a sus víctimas y así obtener ganancias ilegales que, en ciertos casos, llegaban a superar los 200 millones de pesos al mes.