Aunque no hay una apertura formal del proceso, la Fiscalía General de la Nación avanza en voz baja en lo que sería el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con la masacre de El Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997, en la que fueron asesinadas 17 personas a manos de escuadrones paramilitares.
Como reveló SEMANA, la Fiscalía decidió trasladar el expediente por este caso, en relación con Uribe, a la Corte Suprema de Justicia, pues considera que es una causa que debe ser investigada por el alto tribunal. Se trata del homicidio de Francisco Villalba, un paramilitar que en vida señaló a Uribe por esos hechos y por su presunta participación, justamente, en la masacre de El Aro.
El expresidente fue quien reveló hace seis meses que conocía la decisión de la Fiscalía de trasladar el proceso y ponerlo otra vez ante la Justicia. Descartó, de paso, cualquier tipo de participación en los hechos y advirtió que es un asunto que ya fue investigado y cuenta con suficientes pruebas para desmentirlo.
Por eso, para mantener la línea de defensa, su equipo jurídico, encabezado por el abogado Jaime Granados, también está recogiendo un arsenal probatorio para demostrar que el expresidente Uribe no está relacionado con la masacre.
Saben que podría abrirse otro extenso frente judicial como el que tuvo que enfrentar, por cerca de 15 años, con el proceso por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, del cual fue declarado inocente por el Tribunal Superior de Bogotá.
Hace casi un mes, el abogado Granados solicitó las primeras prácticas de pruebas “indicando la pertinencia y utilidad de cada una de ellas”. La primera tiene que ver con el cuestionado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, quien ha tenido una vida de lujos y rumbas en prisión.
Se pidió copia del proceso en el que se vincula a Monsalve como integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia. El asunto es claro. La Justicia determinó que el testigo no era más que un delincuente secuestrador y no un exparamilitar, por lo que lo dicho en esa condición sería falso.
También serán solicitados a la Policía Nacional “los nombres, apellidos y datos biográficos de todos los funcionarios que integraron el esquema de seguridad del doctor Álvaro Uribe Vélez durante su periodo como gobernador”. Los uniformados, según la tesis de la defensa, son testigos de primera mano de cada uno de los movimientos del expresidente, con lo que se puede desvirtuar la acusación.
La ya famosa hacienda Guacharacas también está mencionada en las pruebas solicitadas, haciendo referencia a unos homicidios relacionados con hurto de ganado por parte del ELN y la información sobre eventuales investigaciones disciplinarias contra miembros de la Policía y el Ejército que estén relacionados con la masacre de El Aro.
El origen de este naciente proceso contra el expresidente se da por la compulsa de la Fiscalía, pero también por la declaración del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quien aseguró que el expresidente tenía conocimiento de esos asesinatos.
El expara también vinculó al fallecido Pedro Juan Moreno, exsecretario de Gobierno en la Gobernación de Uribe, quien murió en un accidente aéreo en febrero de 2006 cuando se encontraba a bordo de un helicóptero en el Urabá antioqueño.El proceso contra el expresidente Uribe avanza, y su defensa se prepara para lo que podría ser otro extenso pleito judicial.