JEP llama a Salvatore Mancuso a rendir versión por masacres de La Granja y El Aro

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llama a Salvatore Mancuso a rendir versión sobre las masacres de La Granja y El Aro, en el marco del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la Fuerza Pública “en asocio con paramilitares, agentes del Estado o terceros civiles durante el conflicto”.

Del mismo modo, señalaron que la Sala de Reconocimiento de la JEP comunicará esta decisión a las víctimas acreditadas en el Caso 08 “que deseen participar a través de sus representantes judiciales. La fecha de esta diligencia se dará a conocer en las próximas semanas”.

La magistratura indagará si ese posible relacionamiento que tuvieron algunos miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles con grupos paramilitares incidió en las masacres de La Granja y de El Aro, en Ituango (Antioquia).

La entidad resalta que este es el primer llamado a versión que le hace la JEP al exjefe paramilitar, cuyo sometimiento a esta Jurisdicción como sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública fue ratificado en segunda instancia por la Sección de Apelación en marzo de este año.

El 22 de octubre de 1997, un grupo de paramilitares incursionó en el corregimiento El Aro, jurisdicción del municipio de Ituango (Antioquia), y asesinaron a 17 campesinos en estado de indefensión, entre ellos al presidente de la Junta de Acción Comunal.

El pasado jueves 4 de abril, por una apelación de la Procuraduría General, la solicitud de libertad presentada por la defensa del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez tendrá que ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia.

Así lo determinó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que consideró que el recurso sustentado por la delegada del Ministerio Público es válido. “La magistratura concederá el recurso ante la alta corporación: la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, explicó el magistrado.

La Procuraduría se mostró en desacuerdo con la decisión del 20 de marzo que ordenó librar la boleta de libertad para Mancuso. En su concepto, es necesario evaluar la situación jurídica del excomandante paramilitar y la existencia de otros requerimientos judiciales en su contra por hechos relacionados con el conflicto armado.

Esta situación se suma al verdadero lío jurídico que se presenta con los casos de Mancuso, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reclamara el conocimiento de los expedientes que existen contra el excomandante paramilitar.

En la actualidad, la Corte Constitucional evalúa dos conflictos de competencias elevados por las salas de Justicia y Paz de Barranquilla y Bogotá, que han cuestionado seriamente la posición en la que los dejó la JEP.

Mancuso, quien fue deportado el pasado 27 de febrero a Colombia tras cumplir una condena por narcotráfico en los Estados Unidos, se encuentra privado de la libertad en un pabellón de máxima seguridad en la cárcel La Picota, de Bogotá.

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez regresó al país luego de cumplir una pena de cerca de 15 años de prisión