La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, salió de la indagatoria en la Corte Suprema que la dejó vinculada formalmente a la investigación por las presuntas gestiones que habría hecho en favor del extraditado Pipe Tuluá, a arremeter en contra de los medios de comunicación.
La congresista no respondió sobre su presencia en el allanamiento en la cárcel La Picota, cuando le fue hallada un arma de fuego al extraditado capo de la banda La Inmaculada ni su posible participación en el operativo que dejó incautada dicha pistola, pero sí cuestionó el trabajo que han hecho los medios sobre este proceso.
Zuleta entró a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en el norte de Bogotá, sobre las 9:30 a. m., después de que se llevó a cabo un simulacro de emergencia, y tras tres horas de diligencia quedó vinculada formalmente a esta investigación que avanza en su contra.
Sobre las 12:30 m. de este jueves 17 de septiembre, la senadora del Pacto Histórico salió de las instalaciones para a cuestionar el trabajo que han venido realizando los medios de comunicación, sobre los procesos que tiene en su contra por el caso Pipe Tuluá y sus presuntas gestiones en el Tarimazo.
En medio de sus declaraciones, fuentes de la Corte Suprema de Justicia confirmaron a SEMANA que finalizada la diligencia de indagatoria, la congresista del Pacto Histórico quedó vinculada formalmente a este proceso que la tiene ante la justicia por sus supuestas gestiones en favor del extraditado jefe de la banda La Inmaculada, que delinque en Tuluá, Valle del Cauca.
El magistrado Francisco Farfán, responsable de este proceso contra Zuleta, trata de determinar si la legisladora habría incurrido en una supuesta extralimitación de sus funciones y competencias en medio de ese operativo que se desarrolló en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, el pasado 10 de julio de 2025.
En ese allanamiento las autoridades le detectaron un arma de fuego Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, la cual supuestamente iba a ser utilizada para atacar a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el máximo cabecilla de los Comandos de Frontera.
La Corte Suprema de Justicia trata de determinar si la senadora del Pacto habría participado en el allanamiento o también, al parecer, tuvo alguna relación con el procedimiento que dejó la incautación del arma de fuego en poder de Tuluá.