El escándalo con los llamados archivos de alias Calarcá enredó a un general del Ejército, Juan Miguel Huertas, como presunto enlace de las disidencias de las Farc con la Fuerza Pública, una alianza criminal que es materia de investigación. El oficial fue vinculado y negó cualquier señalamiento en su contra.
La investigación estaba en poder de la Fiscalía hace más de un año y no hubo decisiones, ni siquiera compulsa de copias para determinar cuál era su participación en este escándalo. Lo que no ocurrió en el ente acusador sí pasó en la Procuraduría, decisiones contundentes como la suspensión provisional del general Huertas.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien anunció que el general Huertas se quedaba en la fuerza, ahora señala que acatarán la decisión de la Procuraduría con la sanción temporal contra el oficial que se reactivó por orden del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Por algo también promovemos que llamen al 157 cualquier delito, ya sea un funcionario público o una persona privada, aquella persona que esté compartiendo, por ejemplo, información reservada a personas no autorizadas, también a aquellas personas que estén cometiendo delitos. Por favor, infórmenos”, dijo el Ministro de Defensa.
La Procuraduría tomó la determinación a partir de las recientes revelaciones, incluso de las manifestaciones del presidente Gustavo Petro que advierten la gravedad de los hechos, la filtración y por qué, si la información estaba en poder de las autoridades hace más de 16 meses, no se tomaron las determinaciones del caso, en lugar de filtrarlas a los medios de comunicación.
“Se había iniciado una averiguación inicial que hoy avanza hacia una suspensión provisional del señor Huertas y del señor Mejía, eso habida cuenta de que ya se arrimaron al expediente inicial unas pruebas y unas certificaciones que estaban pendientes y tienen relación con su condición de servidores públicos”, confirmó el procurador Gregorio Eljach.
En la misma decisión, la Procuraduría suspendió al director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, que a través de comunicados de prensa advirtió que los señalamientos en su contra son falsos y que no tendría acuerdos con las disidencias de las Farc, como advierten los archivos de alias Calarcá.
La sanción llega en un momento en el que la Fiscalía reconoció un error del ente acusador, principalmente en la compulsa de copias que se omitió en contra del general Huertas. Señaló que si bien la información estaba en poder de la entidad hace más de un año, las actuaciones de la fiscal a cargo se mantuvieron en otras líneas de investigación.
“Quien tenía esta información era la fiscal de Medellín a cargo del caso, en unos informes de extracción que no son pequeños, no son breves; ella no tenía solo esa información, y lo que yo lamento es que la Policía judicial, que en este caso es la Dijín, probablemente sí advirtió la existencia de esa información y no la haya alertado”, dijo la fiscal.