Leonardo García Ramírez, alias Toche, Fabián Andrés Tumbo Ulcué, alias Michael, y Yeli Marcela Usnas Campo serían, según la Fiscalía, los responsables del atentado terrorista perpetrado el pasado 25 de abril contra el cantón militar José Hilario López, en Popayán (Cauca), con un dron tipo kamikaze acondicionado con explosivos.
De acuerdo con los elementos de prueba, serían los pilotos de drones de las disidencias de las Farc, particularmente del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, en el departamento de Cauca. Los tres fueron enviados a la cárcel tras una investigación de la Fiscalía.
“La investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales estableció que alias Toche, señalado integrante de la comisión clandestina Jenny Lara del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, habría coordinado la logística del ataque”, explicó el ente acusador.
El expediente en contra de los tres pilotos advierte que arrendaron un inmueble donde acondicionaron los drones con explosivos y administraban recursos para la operación; además, mantenían comunicación con otros integrantes de la estructura antes y después del atentado.
“Por su parte, alias Michael habría recibido entrenamiento en manejo de drones y explosivos. Fue capturado en zona rural de Popayán cuando, al parecer, transportaba dos granadas de uso privativo de las Fuerzas Militares, panfletos alusivos al Estado Mayor Central y cuatro licencias de conducción falsas”, señaló la Fiscalía en las audiencias preliminares.
La imputación de la Fiscalía incluyó los delitos de concierto para delinquir agravado y terrorismo, así como fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado. Ninguno aceptó su responsabilidad.
Durante las diligencias, un fiscal aseguró que los tres pilotos de drones representan un peligro para la sociedad y que su participación en actos terroristas es una prueba del riesgo de su libertad, por eso es necesario enviarlos a una cárcel. La solicitud de la Fiscalía fue atendida por el juez que ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario para todos.