El concejal de Bogotá Luis Carlos Leal denunció que en julio de 2021 se presentó la abrupta finalización del contrato interadministrativo de servicios entre la EPS del distrito, Capital Salud, y el Instituto Nacional de Cancerología.
La alerta se lanzó porque, a través de la capacidad humana, logística e instalaciones de esta EPS se les prestaba atención médica a 12 mil pacientes con diagnóstico de cáncer, quienes a su vez son afiliados.
“A mi papá Jaime Jácome de 73 años le indicaron desde la EPS que nos debíamos trasladar a otra entidad llamada Oncolife para la atención de su cáncer en la mitad del tratamiento, cuando estaba programado ya para un cirugía. Cuando vengo a recoger la segunda (autorización) no encuentro autorización”, indicó, Ángela Jácome, hija del paciente.
El asunto generó revuelo y, gracias a la movilización ciudadana, se logró la reactivación de algunos servicios de este contrato, pero con graves consecuencias.
“Desgraciadamente en este proceso se terminó cambiando el sitio de prestación de servicios en salud arbitrariamente, sin adecuada planeación y sin amplia difusión de al menos dos mil personas con diagnóstico de cáncer en Bogotá, poniendo en riesgo su vida, integridad y la continuación de sus tratamientos”, denunció el concejal.
“Es una situación bastante preocupante, este modelo requiere de un cambio drástico. No es justo que los ciudadanos se vean afectados en su salud por un cambio administrativo y económico. La salud es un derecho fundamental y cualquier decisión que se tome en la prestación del servicio debe estar acompañada de amplias garantías para que estos cambios no afecten la continuidad en la prestación de los servicios y más cuando se trata de una enfermedad con el impacto social, económico y en salud como lo es el cáncer“, aseguró Leal.
A pesar de las diferentes quejas y peticiones de los pacientes, las entidades encargadas no han dado respuesta oportuna a estas, configurándose así -en palabras del cabildante- “la vulneración del derecho fundamental a la salud de estos pacientes de cáncer”.
Por su parte, José Humberto Tadeo, otro paciente, denunció que lleva casi dos años de tratamiento en la EPS por un cáncer de estómago y advirtió que ahora esa entidad precisó que lo tienen que trasladar a otro lugar.
“Vine hoy y me indicaron que tengo que pasarme allá y yo quiero seguir aquí y les ruego de corazón que no jueguen con nuestra salud, nuestra vida y nos dejen aquí”, dijo.
Este hombre manifestó que “todos los de Capital Salud estamos de acuerdo con estar acá. ¿Por qué nos van a pasar a otro lado en medio de nuestros tratamientos? Nosotros somos personas vulnerables”, señaló.
El concejal Leal anunció acciones legales contra Capital Salud. “Por esto, el día de hoy, ante Personería y Veeduría Distrital, Procuraduría y Superintendencia Nacional de Salud, hemos instaurado una denuncia para que estos hechos sean investigados a fondo y se tomen las medidas correctivas necesarias para que se respeten los derechos de los usuarios de la EPS del distrito y se garantice su atención oportuna y continua de manera inmediata. No podemos tolerar más injusticias en salud por malos manejos y falta de planeación de las empresas negociantes de la salud”, puntualizó.
SEMANA consultó la posición de la EPS, la cual negó los señalamientos del cabildante y aclaró que se está garantizando la prestación de sus servicios a todos sus afiliados. La entidad dijo haber hecho llamadas y mensajes personalizados a cada uno de los pacientes desde el 10 de julio de 2021 y por tanto no se explica por qué se habla de “confusión” para encontrar las sedes donde se administra el respectivo tratamiento.
Este es el comunicado publicado por Capital Salud: