Un giro drástico le acaba de dar la Sala Plena del Consejo de Estado al proceso que busca la ‘muerte política’ del representante a la Cámara David Racero, del Partido Pacto Histórico, por el escándalo en el que terminó metido por supuestamente usar a un asistente de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para que atendiera un negocio de frutas y verduras de su propiedad en Bogotá.
El magistrado Nicolás Yepes Corrales, consejero ponente en este proceso, aceptó las pretensiones de los estudiantes de derecho Samuel Ortiz y Lucas Durán Hernández, quienes solicitaron incorporar dentro de este proceso de pérdida de investidura las pruebas que tiene la Corte Suprema en este mismo caso, pero en la parte penal.
El togado ordenó en su decisión: “Ofíciese a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que envíe copia de las pruebas recaudadas dentro de la instrucción criminal adelantada por esa Corporación contra el señor David Ricardo Racero Mayorga, por la supuesta disposición de personal de su UTL para desempeñar actividades diferentes a las propias de su cargo, en un mercado”.
Aunque el magistrado rechazó otras pruebas como recuperar los chats de WhatsApp a través de Meta, hacer cotejo de voces o repetir evidencia rechazada, aceptó el traslado de todas las pruebas que tiene la Corte Suprema de Justicia en la actualidad sobre la investigación penal que avanza contra Racero por el caso Fruver.
Esa situación podría darle un vuelco radical a ese proceso, teniendo en cuenta que las pruebas de la Corte podrían incidir en la decisión definitiva sobre la pérdida de investidura que avanza contra el congresista del Pacto Histórico; la Sala Plena del Consejo de Estado ahora tendrá nuevas pruebas para valorar este proceso que tiene en vilo a Racero, quien fue reelegido para el próximo periodo legislativo.
Aunque muchas pruebas fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos especiales para la segunda instancia, el Consejo de Estado pidió las pruebas de la Corte Suprema al determinar que son hechos sobrevinientes, ya que se obtuvieron después de cerrar la etapa de pruebas en este caso que busca la ‘muerte política’ de una figura clave del progresismo.
El Consejo de Estado ahora tendrá más dientes para decidir sobre la investidura de Racero como congresista, quien terminó metido en este escándalo por supuestamente disponer de Jhon Leonardo García Lara, vinculado a su UTL, para que, al parecer, se fuera a trabajar en su fruver, lejos de las actividades reales para las que fue contratado.