Durante la imputación de cargos, la Fiscalía fue contundente al señalar la participación y la vinculación que tendrían los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del interior, Luis Fernando Velasco, en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

La fiscal del caso advirtió que los dos exministros actuaron en calidad de determinadores, es decir, que fueron los responsables de dar órdenes, planear y ejecutar lo que el ente acusador consideró un “pacto criminal” para lograr que congresistas aprobaran los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Fueron varios eventos que fijó la Fiscalía y donde los exministros tuvieron participación directa, principalmente al impartir órdenes a otros funcionarios en el propósito de conseguir el objetivo de esa “concertación para cometer delitos”, como lo calificó la Fiscalía: la aprobación de proyecto del Gobierno en el Congreso.

“Se concertaron para conseguir que Olmedo de Jesús López, director general de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla, subdirector de manejo de desastres, ya condenado por estos hechos, y María Alejandra Benavides, funcionaria del Ministerio de Hacienda, con el fin de tramitar indebidamente contratos en provecho de los congresistas Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz, Liliana Ester Vitar y Juan Pablo Gallo integrantes de la comisión interparlamentaria de Crédito Público”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía entregó detalles de los proyectos que eran de interés de los congresistas vinculados al escándalo y cuál fue la participación de los exministros Bonilla y Velasco en la supuesta entrega de esos proyectos como contraprestación al apoyo en asistencia y votación de los legisladores en las discusiones del Congreso.

La Fiscalía hizo el listado de una descarada repartija que supuestamente hicieron los congresistas, a órdenes de los exministro Bonilla y Velasco. La forma en que se dividieron los proyectos del Gobierno del presidente Gustavo Petro en las regiones, lejos de las necesidades ciudadanas y más cerca de intereses particulares.

La repartija ocurrió en diciembre 2023 y en una reunión, los exministro Bonilla y Velasco recibieron de los parlamentarios los nombres de los proyectos contractuales que serían tramitados en la UNGRD así:

  • Proyecto de contrato de obra en el municipio de Cotorra, Córdoba en el que estaban indebidamente interesados los congresistas Wadith Manzur, Julián Peinado y Liliana Ester Vitar. 
  • Proyecto de contrato de obra en Saravena, Arauca, en el que estaban indebidamente interesados los parlamentarios Karen Manrique y Juan Diego Muñoz. 
  • Proyecto de obra de contrato de obra en el municipio de El Salado, Carmen de Bolívar, en el que estaba indebidamente interesado el congresista Juan Pablo Gallo.

La Fiscalía, luego de la imputación de cargos, solicitará a la magistrada del Tribunal de Bogotá, una medida de aseguramiento en contra de los exministros con el único propósito de privarlos de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.