El caso del líder social Jesús Ramiro Zapata, luego de 800 días de haber ingresado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), llegó finalmente a su conclusión.
El dictamen, establecido por el juez Rodrigo Mudrovitsch, responsabilizó al Estado colombiano por el asesinato del activista y profesor antioqueño.
Zapata se desempeñó como docente entre los años 1988 y 1996 en el municipio de Segovia, Antioquia. En este territorio, además de ejercer su vocación educativa, alzó la voz para denunciar en reiteradas ocasiones la presunta relación entre algunos miembros del Ejército Nacional de Colombia y los grupos armados que perpetraban crueles masacres en el municipio.
El juez Mudrovitsch fue enfático al señalar que el asesinato del docente ocurrió en medio de un contexto sistemático de amenazas, hostigamientos y acosos, los cuales estaban directamente relacionados con su valiente labor en la defensa de los derechos humanos.
Debido a su determinación al realizar este tipo de denuncias y abogar por el bienestar de su comunidad, Zapata fue, de acuerdo con la Corte, objeto de graves señalamientos y se le acusó falsamente de estar vinculado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Como consecuencia de esta estigmatización, tuvo que enfrentar constantes investigaciones arbitrarias y reiterados allanamientos a su morada.
Toda esta ola de hostigamientos e infundios obligó al docente a desplazarse de manera forzosa a Medellín; tiempo después, como relata la Corte IDH, volvió a Segovia, donde finalmente fue interceptado por hombres armados y asesinado el 3 de mayo de 2000.
Cuando su cuerpo fue hallado, tenía evidentes signos de violencia.
Los derechos que violó el Estado colombiano
De igual forma, el alto tribunal internacional falló que la familia de Zapata también es víctima del Estado colombiano, puesto que se violaron sus derechos al no haberse adelantado una investigación pertinente, exhaustiva y oportuna para esclarecer los hechos que rodearon el crimen.
En su detallada lectura, el juez especificó que, en vida, el Estado vulneró los derechos de la víctima a la vida, la integridad, la libertad, la protección y la honra.
Asimismo, tras su homicidio, se transgredieron las garantías judiciales y la protección efectiva de sus seres queridos.
La Corte IDH subrayó la negligencia estatal al afirmar que, “pese a que el Estado estaba informado de la persecución y amenazas en contra del señor Zapata, no tomó ninguna acción para lograr el cese de las mismas ni para determinar a los responsables”.
La audiencia concluyó con una serie de medidas de reparación que el Estado colombiano deberá acatar.
Estas incluyen reabrir la investigación para sancionar a los responsables, limpiar el buen nombre del docente eliminando los registros de inteligencia que lo incriminaban, instalar una placa conmemorativa en la institución educativa Santo Domingo Savio (la última escuela donde impartió clases) y producir un documental que difunda su incansable lucha por los derechos humanos.