El país en los cuatro años recientes, durante el último Gobierno, enfrentó una dinámica confrontacional impulsada desde la Presidencia de la República, circunstancia que tuvo incidencia en las relaciones entre las distintas ramas del poder, particularmente entre el presidente de la república y la administración de justicia, en especial las altas cortes.
Esa dinámica de ruptura encuentra su génesis en la idea de que el presidente de la república encarna la voluntad del pueblo y que, por consiguiente, se encuentra por encima de las demás ramas del poder público. De esto se sigue que cualquier limitación que se le imponga, proveniente del sistema de frenos y contrapesos previsto en la Constitución, es una negación de su condición de vocero de la voluntad popular. Y en ese escenario, entonces, la figura de jefe de Estado se esgrime como argumento de la superioridad del poder presidencial sobre todos los demás poderes, incluida la Rama Judicial, sea la Fiscalía o las altas cortes. Este esquema de pensamiento conduce a concluir que, cuando cualquiera de las instancias del Poder Judicial se oponga a los designios presidenciales, se está obrando en contravía con el querer popular, con el mandato expresado en las urnas, lo cual, a su vez, impone la necesidad de hacer valer la Constitución frente a esas que se consideran expresiones espurias del poder de unos órganos constituidos.
Durante el periodo presidencial que concluye, esa pretensión se manifestó en las constantes invocaciones al poder popular, a la movilización ciudadana, como recurso de presión frente a las decisiones de las cortes y al empleo de formas irregulares de expresión del poder, entre otras cosas, a través de decretos y resoluciones que claramente sobrepasan las competencias del Poder Ejecutivo. Esto, a su vez, activó la reacción de los órganos judiciales mediante la declaración de nulidad o de inexequibilidad de múltiples iniciativas del Gobierno, e, inclusive, llevó a desarrollar la idea de la suspensión provisional de normas con fuerza de ley para evitar que existiese un desbordamiento del poder presidencial, imposible de ser controlado en razón del tiempo que toman los procedimientos judiciales.
Eso dio paso a un proceso de distanciamiento entre la Presidencia de la República y las altas cortes, en la medida en que el presidente, tanto personal como institucionalmente, obraba alineado con esa perspectiva confrontacional, que en ocasiones llevaba al desacato de las decisiones de los jueces y a la descalificación de los órganos encargados de proferirlas. En la dimensión personal, ello se advierte en el hecho de que el presidente fue reactivo a acatar las órdenes emitidas por las autoridades judiciales, por ejemplo, cuando se trataba de expresiones injuriosas o deshonrosas contra determinadas personas y se disponía una rectificación, evento en el cual, o bien había una reticencia a hacerlo, o la rectificación se producía en términos que terminaban replicando o reeditando la ofensa o el agravio que se trataba de remediar. El presidente no acataba la orden, ni aceptaba que había habido una decisión judicial que encontraba que su conducta había sido inadecuada, sino que expresaba que su conducta había sido correcta y que se le estaba imponiendo una retractación lesiva de sus derechos y de su fuero como presidente. Y lo mismo cabe decir en relación con las medidas adoptadas frente al empleo expansivo de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, para la difusión de mensajes ajenos al ejercicio de sus competencias constitucionales, o al aprovechamiento de la figura presidencial y de los medios a su disposición para actividades de política partidista. En esos casos, el presidente expresa que lo están amordazando, que lo están censurando en su calidad de presidente de la república. En lo institucional, por su parte, el presidente acudió al uso expansivo de los estados de excepción, al desconocimiento de decisiones del Congreso, a imponer por vía reglamentaria decisiones que no habían logrado el respaldo legislativo. Todas esas actuaciones dieron lugar a una aguda tensión con los órganos competentes del Poder Judicial, que, con frecuencia, debieron limitar las pretensiones expansivas del poder presidencial.
Ese escenario en el que, por un lado, el presidente provoca la reacción de las instancias judiciales frente a actuaciones que desbordan el marco de las competencias que le son propias y, por otro, desafía como contrarias al mandato popular las decisiones de los jueces, trajo consigo una deslegitimación de las instancias judiciales. La actuación presidencial pretendía generar en la ciudadanía, al menos en la que se considera afecta al proyecto político impulsado por el presidente, la percepción de que los jueces están obrando políticamente en contra del mandato popular, por consideraciones no jurídicas, sino políticas, y eso genera una deslegitimación grave de las instituciones.
Entonces, siendo ese el escenario con el que nos aproximamos a un cambio de Gobierno, lo que se impone para el nuevo presidente es la tarea de reconstruir ese equilibrio entre las ramas del poder público, esa conciencia de que el presidente de la república, cuando obra como jefe de Estado, no tiene la condición de superior jerárquico de las demás ramas del poder público, sino que, por el contrario, de acuerdo con la Constitución, cuando el presidente obra en esa calidad, lo hace para expresar la unidad nacional, debe actuar en procura de ese propósito y respetando todas las instancias que la propia Constitución ha previsto para el ejercicio del poder. Y es distinta, entonces, esa condición como jefe del Estado de la que tiene como suprema autoridad administrativa, que implica, también, un rol de neutralidad en el ejercicio de la función y, finalmente, la calidad de jefe del Gobierno, que es la que le permite impulsar sus proyectos y sus programas, acudiendo para ello a los mecanismos y a los instrumentos que la propia Constitución ha previsto.
Lo que la ciudadanía puede esperar es que quien llegue al poder asuma esa condición de jefe de Estado como expresión de la unidad nacional y sea consciente de que ninguno de los órganos constituidos, incluida la Presidencia de la República, puede arrogarse la vocería de la voluntad popular y de que la materialización de un determinado proyecto político requiere de un proceso de movilización ciudadana, de construcción de consensos, de búsqueda de adhesiones, que puede tomar un periodo prolongado, particularmente cuando el país se encuentra tan polarizado. Si tenemos una división en la que cada una de las visiones divergentes se aproxima al 50 por ciento de la población, si la mitad de los colombianos tiene una percepción en buena medida opuesta a aquella que es adoptada por la otra mitad, lo que se advierte es la necesidad de avanzar en la búsqueda de soluciones que permitan darles soporte a proyectos y propuestas de transformación, de adecuación del ordenamiento jurídico y de las instituciones. Ese es el ejercicio, entonces, en el que deben empeñarse los mandatarios: lograr construir ciertos consensos que permitan impulsar proyectos políticos, no por la vía de la imposición, inclusive rompiendo el esquema de frenos y contrapesos y la estructura democrática de la Constitución, sino, por el contrario, mediante el trabajo con la opinión pública, con la academia, con los líderes políticos y comunitarios, con los sectores económicos y sociales; mediante el trabajo con el electorado, en procura de lograr un escenario que permita el desarrollo cabal de un determinado proyecto político, sea en un periodo de cuatro, o de ocho o de más años, pero precedido de esta labor de convencimiento y de construcción de consensos.
Creo, entonces, que el nuevo presidente debe asumir ese rol institucional de enmarcar la figura presidencial en las previsiones constitucionales que imponen una relación armónica entre los poderes, una distancia respetuosa entre ellos, escenario en el que cabe la comunicación, las relaciones de colaboración armónica, pero con respeto por el ejercicio separado de las competencias, con acatamiento a lo que es un mandato constitucional, y expresión, entonces, de la voluntad del pueblo, que ha previsto que todo el proceso político se desarrolle en los términos que la propia Constitución establece.
Si el nuevo presidente asume este rol, creo que se daría una reconstitución de las relaciones de las ramas del poder público, lo cual, por supuesto, no excluye las diferencias de criterio ni la operación de los controles previstos en la Constitución, pero siempre en el marco del respeto y el acatamiento a las competencias que la carta fundamental ha establecido.