Congelar los salarios de los actuales congresistas y rebajar el de quienes se posesionen en 2022 a máximo 25 salarios mínimos fue el primer acuerdo al que llegó la mesa técnica en septiembre. Pero este podría convertirse en el segundo proyecto anticorrupción que se hunde en el Congreso. Esta vez, por falta de trámite. Aunque casi 12 millones de personas votaron la consulta anticorrupción, en la Comisión Primera de la Cámara el primer mandato de la consulta está congelado. El representante José Jaime Uscátegui (Centro Democrático), designado ponente del proyecto el pasado 9 de octubre, radicó ponencia hasta este martes, un documento necesario para adelantar el debate, junto a los representantes Juan Carlos Lozada (Liberal), Luis Alberto Albán (Farc) y Jorge Enrique Burgos (La U). No lo hicieron antes porque pidieron que primero se realizara una audiencia pública para escuchar a todos los afectados por el congelamiento y reducción de los sueldos. Este martes también fue radicada la ponencia de la representante Ángela María Robledo (Colombia Humana) e Inti Asprilla (A. Verde). 11.437.502 de colombianos votaron Sí en la consulta a la propuesta de reducir los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Esta decisión, según la senadora Angélica Lozano, fue una maniobra para dilatar los debates y que se perdiera la partida por ‘W’. Es decir, los congresistas no se verían obligados a pronunciarse sobre la reducción de sus salarios y los que votaran en contra no quedarían expuestos ante la opinión pública. “Lo radicamos el 18 de septiembre, le designaron ponencia al representante del Centro Democrático Uscátegui y hasta el día de hoy no rindió ponencia. Ya se hundió por trámite. Aunque se presentara hoy, ahorita, en una hora, la ponencia, ya se hundió el proyecto. El plazo para que se aprobara en primer debate una reforma de este calado se venció la semana pasada”, aseguró la congresista de la Alianza Verde a Blu Radio. Estas palabras molestaron al representante Uscátegui quien rechazó la afirmación de que estuviera ‘engavetando’ el proyecto anticorrupción. “Pero como este es un pacto contra la corrupción que se está construyendo entre todos por favor no desinformemos, decir en este recinto como se ha dicho en los medios de comunicación acusándome de que he engavetado la ponencia con el propósito de que esto no pase o se hunda es mentira”, dijo en medio de la audiencia pública que se convocó precisamente para discutir el proyecto radicado. Para Uscátegui este es un tema delicado, pues se trata de una reforma constitucional que afectará a 1.920 funcionarios de forma directa, por eso insistió en que “lo más peligroso es resolver temas coyunturales con soluciones permanentes”. Además, aseguró que en caso de que este proyecto no pase en la Comisión Primera de la Cámara igual en el Senado está andando una propuesta de su coautoría que también pretende congelar los salarios de los congresistas. La senadora Juanita Goebertus ve muy poco ambiente en el Congreso para la aprobación del proyecto. "Sabíamos que lograr que el Congreso se autorreformara era difícil. La nueva Cámara siente que al haber un 70 por ciento de renovación en su composición, ya no tiene que hacer esfuerzos adicionales para recuperar su legitimidad. Creo que nos estamos equivocando de cabo a rabo", le dijo a SEMANA. Medida anticorrupción o populismo Aunque la reducción del salario de congresistas haya sido respaldada por casi 12 millones de colombianos, la medida podría incidir en los salarios de otros funcionarios del Estado como en un efecto dominó. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Édgar Sanabria, recordó que lograr la remuneración que tienen actualmente fue el resultado de muchos años de luchas sindicales y que por esto no podían retroceder. Puede leer: “Rebajar el sueldo de los congresistas tendría un efecto cascada en todos los funcionarios”: Asonal Pero el vocero de la Corporación Jueces y Magistrados (Corjusticia) Hermes Lara fue más incisivo. Calificó a la propuesta de populista por haberse vendido ante la opinión pública como una forma para combatir la corrupción, y no para reducir la inequidad. Añadió que se trata de una medida socialista. “Le estamos diciendo al país que los altos salarios corresponden a la corrupción (…) que la envidia porque algunos ganan más y otros menos sea lo que impere, eso no puede ser posible, porque si nos quieren introducir en políticas del socialismo del siglo XXI que nos digan de cara al país”, aseguró y les advirtió a los congresistas que no se “dejen presionar”. Precisamente durante la audiencia fue recurrente la discusión de si rebajar los salarios ayudaba a combatir la corrupción. La representante Juanita Goebertus explicó que durante la campaña y en todas las intervenciones los promotores de la consulta anticurrupción explicaron que se trataba de un punto de equidad, para “garantizar que cerramos esa brecha y que por ese camino construimos y retomamos un escenario de legitimidad para un Congreso supremamente deslegitimado. Hay que demostrarle a la ciudadanía que tenemos los oídos abiertos a lo que nos están diciendo”, dijo Goebertus en referencia a los casi 12 millones de votos que obtuvo la consulta. Pero uno de los temas más espinosos es la inconstitucionalidad del proyecto. Al respecto, Manuel Alberto Restrepo, de la Universidad del Rosario, manifestó que una medida de esa naturaleza podría tener consecuencias en materia de los acuerdos laborales que Colombia ha suscrito a nivel internacional y que hacen parte del bloque de constitucionalidad:  “Los convenios de la OIT no se aplican solamente para quienes ganen un salario mínimo, sino para cualquier trabajador y hay una garantía que le impide disminuir o debilitar las condiciones del trabajo. A mí no me pueden bajar el sueldo, ¿entonces qué va a decir la Corte Constitucional cuando la norma se demande? Les toca a los magistrados declararse impedidos porque eso afecta su sueldo, y un tema tan sensible va a terminar siendo definido por 9 jueves ad hoc que no tienen legitimidad democrática porque no han sido nombrados por el Senado sino por los magistrados”. La representante Goebertus aseguró que para evitar un riesgo de inconstitucionalidad tuvieron cuidado al redactar el proyecto en la mesa técnica que reunió a todas las fuerzas políticas. Explicó que por eso plantearon congelar y no reducir automáticamente los salarios de los actuales congresistas, y además "congelar el número de salarios para que de tal forma se siga incrementando de acuerdo al salario mínimo (…) además, en ningún caso se afecta a quienes ganen menos de 25 salarios mínimos. Se desligan aquellos salarios que estaban atados a los de los congresistas”. La ciudadanía también participó en la audiencia pública, en su mayoría en representación de colectivos que apoyaron la consulta anticorrupción. El principal argumento giró en torno a la reducción de la brecha salarial, la equidad y el mensaje simbólico que se le envía a los colombianos desde el Congreso. “Esta es la oportunidad de mandarle una señal a los colombianos de que aquí hay representantes honestos, trabajadores y austeros”, aseguró Diego Laserna. Al proyecto que busca reducir los salarios de los congresistas el tiempo le corre en contra. Al ser una reforma constitucional necesita de dos vueltas, es decir que en esta legislatura (antes del 16 de diciembre) se tienen que superar cuatro debates en medio de una agenda legislativa muy apretada y de muchos cuestionamientos. Si el congelamiento de los salarios no logra pasar este año en el Congreso, se tendrá que volver a presentar el próximo año y surtir todo el trámite de nuevo.