El Consejo Gremial le acaba de pedir a la Corte Constitucional que tumbe el decreto de emergencia económica que expidió el presidente Gustavo Petro, a través de una solicitud que llegó al despacho del magistrado Carlos Camargo, quien lleva el control automático de constitucionalidad sobre ese acto administrativo.
La representante del Consejo Nacional Gremial, Natalia Gutiérrez Jaramillo, le pidió al magistrado Camargo que declare la inexequibilidad de dicho decreto por supuesta falta de exigencias formales, presupuestos fácticos, valorativos y de suficiencia, y al basarse en circunstancias estructurales que se podrían atender con la gestión ordinaria del Estado.
El documento detalló que la declaratoria de estado de emergencia es un mecanismo que de manera inevitable afecta temporalmente los principios de la democracia y la separación de poderes, por la alteración que se daría en la distribución ordinaria de competencias entre las ramas del poder público.
Pero Gutiérrez expuso en su solicitud ante la Corte que el “Presidente de la República incurrió en vicios sustanciales en la valoración de los hechos invocados como fundamento de la declaratoria, al calificarlos de manera arbitraria y errónea en cuanto a su supuesta sobreviniencia, gravedad e inminencia, y al desconocer la existencia y suficiencia de los mecanismos ordinarios”.
Para el Consejo Gremial, la emergencia económica no cumplió la totalidad de los requisitos formales previstos en la Constitución, pues una de las personas que firmó el decreto “carecía de la competencia constitucional y legal”, al no estar investida en el empleo de ministra de despacho.
“Dado que el encargo de la doctora Irene Vélez Torres inició el 5 de agosto de 2025, es claro que su término inicial de tres (3) meses se extendía, como máximo, hasta el 5 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, la continuidad válida del encargo exigía, de manera ineludible, la expedición de un acto administrativo expreso de prórroga por parte de la autoridad nominadora, esto es, del Presidente”, dice la petición del Consejo.
Esa situación sería el origen de que el magistrado Carlos Camargo expidiera un auto en el que decretó varias pruebas, entre ellas, el acto administrativo en el que se encargó a Irene Vélez como ministra de Ambiente, para verificar si todos los mismos que firmaron la emergencia estaban posesionados y en sus funciones.
La Corte Constitucional ha precisado que un decreto declaratorio debe tener la firma de todos los ministros y el presidente para que queden como los responsables de ese tipo de estados. El magistrado Camargo deberá analizar esta petición, a pesar de que su postura también es tumbar la emergencia.