El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, confirmó el refuerzo que se le ha venido dando a las denuncias que han llegado a su despacho, relacionadas con el presunto uso de recursos públicos para financiar algunas de las actuales campañas políticas a la Presidencia de Colombia.
Durante un encuentro con medios regionales, el contralor Rodríguez advirtió que la entidad que lidera ha mantenido un seguimiento riguroso a las denuncias sobre el posible uso indebido de recursos públicos para favorecer campañas políticas, presionar electores o afectar la transparencia del proceso electoral.
El jefe del ente de control confirmó que cualquier hallazgo que surja dentro de esos procesos se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones penales, disciplinarias y legales que sean necesarias para combatir este fenómeno, que aparece en cada elección en Colombia.
En medio de los esfuerzos de la Contraloría por mantener en la mira estas denuncias relacionadas con el actual proceso electoral, Carlos Hernán Rodríguez también hizo un llamado a la responsabilidad democrática para que la segunda vuelta presidencial se “desarrolle en paz”.
El contralor general pidió a todos los actores del proceso, a las instituciones, a la fuerza pública, a los medios de comunicación y a la ciudadanía realizar un esfuerzo conjunto que permita brindar todas las garantías necesarias para esta nueva jornada electoral.
Participación indebida en política
La Contraloría reveló esas denuncias sobre el posible uso de recursos públicos para campañas políticas justo después de que la Procuraduría confirmó nuevas investigaciones contra siete embajadores de Colombia en el exterior que habrían participado en política.
La medida recayó sobre Luis Ernesto Vargas, embajador ante la Organización de los Estados Americanos; Milton Rengifo, embajador en Venezuela; José Acosta, embajador en Argentina; Luis Medina, embajador ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; Jhenifer Mojica, embajadora ante las Naciones Unidas para la Alimentación; Daniel Prado, embajador en Bélgica; y Elizabeth García, embajadora en Bolivia.
Otros funcionarios que también están siendo investigados por esa presunta falta disciplinaria son el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, y la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, actualmente suspendidos hasta después de la segunda vuelta presidencial.
La Procuraduría también tiene en la mira, por presunta participación indebida en política, a los ministros del Gobierno Petro Guillermo Alfonso Jaramillo, Mafe Rojas, Armando Benedetti, Antonio Sanguino y Eduardo Montealegre.