A 16 años y siete meses de prisión fue condenado el exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, Francisco Javier Estupiñán, uno de los principales protagonistas en el polémico contrato de venta de 40 carrotanques a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El contrato, que tuvo un valor de 29.000 millones de pesos, tenía como finalidad el transporte de agua potable a varias zonas del departamento de La Guajira afectadas por calamidades y la ola invernal que azotó esa región del país en 2023.
Sin embargo, además de presentar sobrecostos, los vehículos no pudieron utilizarse porque no cumplían varios requisitos técnicos para ingresar a los complejos terrenos.
Debido a esto, se quedaron en un parqueadero sin uso y en deterioro. El mencionado contrato abrió la caja de Pandora para establecer el saqueo a la UNGRD durante la administración de Olmedo de Jesús López Martínez.
El gerente de la empresa Corporación Mixta Integral Yapurutú aceptó su participación en los delitos de peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos, por lo que se le impuso la condena conforme a lo establecido por la ley.
Frente a los dos cargos de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, la Fiscalía General radicó el respectivo escrito de acusación, lo que constituye un llamado a juicio.
El direccionamiento del polémico contrato
La investigación adelantada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia evidenció que Estupiñán Bravo intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, cuyo objeto era el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.
Con el fin de lograr el contrato, presentó documentación falsa que acreditaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, sustentada en una alianza comercial inexistente entre la corporación y un concesionario automotriz.
Igualmente, según las pruebas documentales y testimoniales recolectadas, participó en la gestión de desembolsos por 24.406 millones de pesos, cuando los carrotanques no estaban disponibles, debido a que se encontraban en ensamblaje. Las pruebas establecieron un sobrecosto de 11.114 millones de pesos, del cual, junto con el representante legal de Yapurutú, se apropió de 4.330 millones y permitió que terceros se quedaran con 6.784 millones de pesos.
Por las irregularidades en la celebración de este millonario contrato, ya fueron sentenciados el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y el empresario nariñense Luis Eduardo López Rosero, representante de la empresa llamada Luket S. A. S.
Los dos aceptaron mediante un preacuerdo su responsabilidad en el direccionamiento de varios convenios que estaban en poder de la UNGRD para beneficiar a un grupo de contratistas y empresarios.