En decisión de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, procesado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Durante la audiencia, que duró cuatro horas, la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano destacó la seriedad de los hechos por los que se investiga a los exministros de Estado (por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos).
También advirtió que en los recursos de apelación no se logró contrastar la necesidad y justificación de esta medida intramural para proteger la integridad del proceso penal y minimizar un riesgo de fuga u obstrucción a la justicia mediante la manipulación de pruebas y testigos.
Pese a que la defensa del exministro del Interior reclamó que en diciembre pasado se emitió una medida muy diferente a la solicitada por la Fiscalía General, la Sala consideró que existen antecedentes y méritos para justificar una privación de la libertad, con el fin de proteger el proceso y a la sociedad.
En este punto se señaló que existen varios agravantes, como el desvío de recursos públicos y la presión a un grupo de congresistas para que abandonaran sus funciones constitucionales y legales.
En la actualidad, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se encuentra privado de su libertad en una guarnición militar en la ciudad de Cali.
Mientras que desde el pasado 7 de abril, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se encuentra en libertad por vencimiento de términos.
La declaración de María Alejandra Benavides
La magistrada le dio plena validez a la declaración de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien señaló el especial interés que tenían tanto Ricardo Bonilla como Luis Fernando Velasco en contratos que estaban en poder de la UNGRD y el Invías.
Esto era para convencer a los congresistas que, en 2023, eran parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, para que votaran a favor de los proyectos de reforma que presentó el Gobierno Petro.
“Se descarta, en sede inferencial, que las reuniones en el Ministerio de Hacienda tuvieran como propósito encuentros simplemente de carácter institucional”, precisó la magistrada al rechazar los argumentos esgrimidos en los recursos de apelación.
En otro de los apartes, se manifestó que no se puede perder de vista el cargo que ostentaban los dos ministros y el conocimiento claro que tenían sobre la ilegalidad de entrometerse en la entrega de contratos.
“La actividad probatoria de la Fiscalía aporta elementos de juicio suficientemente relevantes en el orden de alcanzar el nivel de inferencia razonable; contrario a lo dicho por la defensa del exministro Bonilla González, este impartió instrucciones precisas a su asesora y funcionarios de la UNGRD que tenían intervención en los proyectos contractuales”, señaló la magistrada.
Coincidencialmente, este jueves 30 de abril, la Fiscalía General presentó el escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a los dos exministros.