La Corte Constitucional alertó que la comunidad wayuu Waimpiralein, que habita en el municipio de Uribía, en La Guajira, están frente a un grave riesgo sanitario a raíz de la contaminación que viene registrando una fuente de agua contaminada por heces de animales y algas que cambian el tono del líquido.
Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional, explicó que ese grave hallazgo apareció en medio de una inspección judicial que adelantaron tres funcionarios de la alta corte sobre el corregimiento de Jojocinto, en el municipio de Uribia.
Camargo explicó en video: “La Sentencia T-302 de 2017, en reciente auto 1201 del 2026, adoptó medidas cautelares transitorias tras advertir, durante una inspección judicial, condiciones que permiten inferir un riesgo sanitario relevante en la fuente hídrica que abastece a la comunidad wayuu de Waimpiralein y a otras comunidades vecinas”.
La inspección de la Corte Constitucional dejó en evidencia que las comunidades se abastecen de un reservorio de agua que podría comprometer la salud de quienes la consumen. Por eso, le ordenó a la alcaldía de Uribia, a la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira y al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
El magistrado Carlos Camargo explico esa decisión: “La Corte ordenó implementar un esquema temporal de abastecimiento de agua apta para consumo humano, mediante carrotanques y tanques de almacenamiento, sujeto a protocolos especiales y permanentes de calidad, limpieza y desinfección”.
El Ministerio de Vivienda también deberá implementar una alternativa temporal de tratamiento de tratamiento o purificación, con el objetivo de que el agua sea apta para consumo humano pese a las condiciones que fue hallado en el reservorio.
“Exhortó también a esta cartera para que dentro de los 60 días hábiles siguientes, valores y situaciones similares se presenten en otras comunidades del pueblo wayuu, en los municipios priorizados de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. De igual forma, requirió a la Procuraduría General de la Nación ejercer su función constitucional de vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas”, explicó Camargo.
Por su parte, el Ministerio del Interior también deberá traducir y divulgar la sentencia a la lengua de los indígenas, mediante mecanismos culturales apropiados. La Sala de Seguimiento aclaró que esas medidas cautelares tienen efectos transitorios, pero se mantienen hasta que se supere la crisis.