SEMANA conoció que la Sala Plena de la Corte Constitucional aplazó la discusión que tenía programada para este miércoles 25 de marzo alrededor de la primera emergencia económica que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Aunque en el orden del día aparecía en el punto tres esa discusión, que tiene ponencia del magistrado Carlos Camargo, fuentes al interior del alto tribunal le confirmaron a este medio que ese tema se definirá hasta después de Semana Santa. Esto quiere decir después del 6 de abril.
El decreto de emergencia económica que declaró el Gobierno nacional, luego de que el Congreso de la República hundió la ley de financiamiento, actualmente se encuentra suspendido por esa misma Corte hasta que se tome una decisión de fondo frente a este acto administrativo que expidió el presidente Gustavo Petro.
En esa decisión de suspender los efectos, la Corte calificó como una “afrenta” que el Gobierno nacional utilizara el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso como uno de los motivos principales para decretar la emergencia económica.
El documento conocido por SEMANA expuso que “la Sala Plena estima que el carácter irremediable se apoya no solo en la carencia prima facie de un fundamento fáctico suficiente para la expedición del decreto, sino también en el hecho de que esa expedición fue el resultado de un desacuerdo político con el Congreso, debido a la no aprobación de la ley de financiamiento”.
Hay que recordar que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, expresidente de la Corte Constitucional, fue retirado de esta discusión sobre la primera emergencia económica de Petro, luego de que en una entrevista con un medio de comunicación habló sobre ese tema que sigue en estudio.
Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, le envió un concepto al alto tribunal para que declare constitucionales en la emergencia económica solo las medidas dirigidas a atender la salud.
Los recursos a recaudar en el marco de la emergencia económica que la Procuraduría considera ajustados a la Constitución serían del orden de 3,3 billones de pesos, con el propósito de equiparar en un 95 % la UPC del régimen subsidiado a la del régimen contributivo.
El presidente Gustavo Petro ha cuestionado en varias oportunidades el trabajo de la Corte Constitucional y hasta le ha pedido que acelere discusiones como la reforma pensional que sigue en ascuas en su estudio de constitucionalidad. Por ahora, quedó en veremos el caso de la emergencia económica.