El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, seguirá en la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Una decisión que ratificó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
SEMANA conoció que la defensa del exministro de Gustavo Petro le pidió a los magistrados de la Sala de Primera Instancia, encargados de juzgarlo, que descontaran de los plazos previstos por la ley el tiempo que le dieron para preparar su defensa, con el objetivo de que recobrara su libertad.
Ese argumento lo sustentó asegurando que la Fiscalía General y el equipo de la defensa suscribieron actas de verificación, gestión y solución de observaciones del descubrimiento probatorio que, a su criterio, se desprendía de las falencias advertidas por la abogada de Velasco y del descubrimiento incompleto de las pruebas que consideró como “causas ajenas a su actuación”.
Sin embargo, el magistrado Jorge Emilio Caldas, ponente en este proceso, explicó que dentro del trámite se han dado aplazamientos que han favorecido “los intereses de la defensa”, como la solicitud sobre la audiencia preparatoria.
El magistrado Caldas también recordó en su decisión que la Sala de Casación Penal ha sostenido que las solicitudes de aplazamiento solicitadas por la defensa generan como consecuencia que el lapso que se calcule se dé en contra del procesado, en este caso, el exministro Velasco.
Por eso el togado explicó en su decisión: “Quien obtiene un término adicional para preparar su defensa asume, correlativamente, que ese lapso no corra en su favor para efectos del cómputo de los términos de libertad, sin que ello comporte reproche alguno a la diligencia con que la defensa haya actuado”.
Con esa decisión, el exministro del Interior seguirá en la cárcel, mientras avanza el proceso que tiene la Corte Suprema de Justicia en su contra por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
El exministro Luis Fernando Velásquez fue acusado por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, de supuestamente utilizar los contratos de la entidad para tratar de mover favorablemente las iniciativas del Gobierno en el Congreso. Ese proceso ya pasó a juicio en la Corte Suprema.