La Sala Plena de la Corte Constitucional acaba de rechazar una solicitud de nulidad que radicó la Sala de Consulta del Consejo de Estado en contra de la sentencia que estableció que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es la única competente para investigar al presidente de la República.
A través de un flash informativo, los ocho magistrados que participaron en la discusión confirmaron: “Negó la solicitud de nulidad de la Sentencia SU-275 del 26 de junio de 2025, formulada por la presidenta de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado”.
Ese resultado se consiguió con una votación de 6 a 2, entre esos, los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis, quienes salvaron su voto; las magistradas Paola Meneses, Natalia Ángel Cabo, y el magistrado Miguel Polo Rosero, aclararon voto. Mientras que Héctor Carvajal estaba impedido para esa discusión.
Esta decisión se tomó luego de que la Sala de Consulta del Consejo de Estado radicara una solicitud de nulidad contra la sentencia SU - 275 del 26 de junio de 2025 de la Corte Constitucional que ratificó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes como la autoridad competente para investigar a Gustavo Petro por posible violación de topes en su campaña a la Presidencia.
Ese fallo dejó sin piso la sentencia del Consejo de Estado que le dio competencias al Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar posibles violaciones a las reglas de financiación de campañas presidenciales. Poco después de esa decisión, ese organismo le abrió una investigación al entonces candidato Petro.
Así fue como la Corte Constitucional suspendió las investigaciones sobre el financiamiento a la campaña Petro en el CNE y ordenó trasladar todo ese proceso a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde un triunvirato de congresistas investigadores conformados por Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmar Carrillo, se encargan de ese proceso.
Sin embargo, ese caso ha generado un choque entre el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia luego de que la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción, ordenó una inspección a esa Comisión para obtener el expediente de ese proceso con el fin de determinar si existiría un posible prevaricato por parte de los legisladores que deben investigar al jefe de Estado.