La Corte Suprema de Justicia expidió un inusual comunicado en el que alertaron que un juez en Bogotá habría dado una orden aparentemente “ilegal” para dejar libre a un ciudadano que fue capturado en Colombia a través de una circular roja de la Interpol que solicitó el Gobierno de Países Bajos.
Este proceso arrancó el 18 de febrero de 2026, cuando las autoridades en Colombia hicieron efectiva la orden de captura contra Marcus Hendrika Van Der Voor, un ciudadano que era requerido por una circular roja que expidió dicho país.
Dos meses después, el Ministerio de Justicia le hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia la solicitud formal de extradición debidamente traducida y legalizada. De hecho, la Sala de Casación Penal destacó que esos documentos cumplieron los requisitos formales establecidos en la normatividad procesal penal.
Sin embargo, el pasado 14 de junio, el Juzgado 77 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá decidió darle la libertad a Van Der Voort tras resolver un habeas corpus que radicó contra la decisión que lo tenía con medida de aseguramiento intramural mientras avanzaba el proceso en su contra.
Ese Juzgado 77 argumentó su decisión explicando que el expediente contra el extranjero no tenía la traducción exigible de los documentos sustento de la petición de extradición, lo que habría vulnerado el debido proceso.
Lo preocupante es que la propia Corte Suprema de Justicia fue la responsable de confirmar que esos documentos que llegaron al Ministerio de Justicia tenían la traducción establecida y cumplían con todos los requisitos formales que impone la ley.
Por eso los magistrados de la Sala de Casación Penal alertaron: “La decisión del juzgado es aparentemente ilegal y está basada en argumentos que no consultan la realidad del trámite de extradición, con base en los cuales concedió la libertad del procesado sin soporte probatorio alguno“.
Esta situación obligó al magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, presidente encargado de la Sala de Casación Penal, a radicar una acción de tutela en la que pidió que se anule la decisión que le concedió la libertad al extranjero y proteja el derecho fundamental al debido proceso de la Corte.
Dicha tutela también solicitó como medida cautelar urgente e inmediata que se evite la excarcelación del extranjero, mientras que los magistrados mantendrán un seguimiento riguroso sobre este proceso.