La magistrada Blanca Barreto será la encargada de llevar al exdirector del DNI y del Dapre, Carlos Ramón González, a juicio por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La designación de la magistrada en el proceso contra el alto exfuncionario del Gobierno Petro, se conoce el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por el mismo escándalo.
Por su parte, la Fiscalía radicó escrito de acusación contra González por su presunta participación en el entramado corrupto de la UNGRD. Lo grave del caso es que el exfuncionario era uno de los considerados hombres de confianza del presidente Gustavo Petro.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia tendrá que juzgar a González mientras permanece prófugo, pues cuando las investigaciones por este caso avanzaban en su contra, el exdirector del Dapre tomó un vuelo directo a Nicaragua, solicitó asilo y no volvió a aparecer por Colombia.
Carlos Ramón González ha intentado por todos los medios tumbar la circular roja de la Interpol con la que tratan de ubicarlo en más de 200 países y la medida de aseguramiento que pesa en su contra por este caso, pero la justicia sigue actuando en contra de los intereses de quien fue una de las principales fichas del actual gobierno.
El exmagistrado Octavio Tejeiro, expresidente de la Corte Suprema, cuestionó a la justicia por la fuga de Carlos Ramón González, mientras que la Fiscalía ordenaba la captura en su contra al considerarlo “un peligro para la comunidad”.
El exfuncionario señalado de delitos como peculado, cohecho y lavado de activos, fue pedido por la Fiscalía en la cárcel, por la “gravedad de las conductas reprochadas se denota en las calidades que ostenta el implicado, quien se mueve en las más altas esferas del Estado”.
El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, ha señalado a González como el responsable de supuestamente dar la directriz de utilizar el dinero de la entidad para comprar la conciencia de los congresistas que tenían en sus hombros gestiones alrededor de proyectos, iniciativas y solicitudes del Gobierno Petro.
Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco también están siendo imputados por la Fiscalía General de la Nación, por su presunta participación en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido al actual gobierno.