A las 10:30 de la noche de este jueves 14 de mayo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente los de la Sala Civil, Agraria y Rural, respondieron a los duros señalamientos que lanzó el presidente Gustavo Petro en su contra por el “golpe rotundo” que le habrían dado a la reforma agraria.
En un comunicado de dos páginas, los togados expresaron que nunca han cuestionado que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) quede como la entidad a cargo de la posesión de los terrenos baldíos en el país, pero manifestaron su preocupación frente al papel de los jueces en procesos de recuperación de tierras ocupadas o apropiadas de manera indebida.
El pronunciamiento del alto tribunal aclaró que los comentarios sobre la reforma agraria del Gobierno Petro se dieron tras una invitación a participar en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 13 de mayo sobre dicho proyecto de ley, que establece competencias para esa jurisdicción, procedimientos especiales y dicta otras disposiciones.
Sin embargo, precisaron que los procedimientos agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, a través de revocatoria directa de adjudicaciones, revisión de los terrenos, condiciones resolutorias y caducidad administrativa, “no pueden concebirse exclusivamente como actuaciones administrativas”, así el trámite inicial se adelante ante la Agencia de Tierras.
Explicaron que ese tipo de actuaciones por su naturaleza y efectos inciden directa y definitivamente en “derechos subjetivos y situaciones jurídicas”, lo cual exigiría un control judicial pleno, más allá de las supuestas restricciones de oposición.
Por eso, la Corte destacó en su comunicado que “genera preocupación que tales procedimientos se atribuyan de manera predominante a la autoridad administrativa, relegando la intervención del juez agrario a escenarios excepcionales”.
Así mismo, manifestaron que es necesario armonizar el esquema de competencias con una delimitación que quedaría en manos del Consejo de Estado sobre temas agrarios, así como dicha reforma lo hace sobre la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema. Los magistrados consideran que esa precisión contribuye a la coherencia del sistema y refuerza la arquitectura institucional de esa jurisdicción.
“Dicha garantía se sustenta en tres pilares esenciales: (i) los principios democráticos y de legalidad, que exigen que la competencia judicial sea definida previamente por el legislador; (ii) la predeterminación del órgano judicial competente, con base en criterios de especialidad e idoneidad, y (iii) la estabilidad, certeza y previsibilidad del procedimiento, a través de reglas claras sobre términos, trámites, etapas y formalidades propias de cada juicio”, precisó el documento.
Esa precisión de la competencia, según la Corte Suprema, ayuda a fortalecer la identidad y autonomía de la jurisdicción agraria y configuraría una condición indispensable para la vigencia efectiva del debido proceso.
Esa respuesta de la Corte se dio horas después de que el presidente Gustavo Petro asegurara que una “sentencia” de esa alta corporación fijó que ese tipo de conflictos se resolverían en una doble instancia ante la justicia, lo que le quitaría competencia a la ANT para establecer vía administrativa la posesión de baldíos.
Fuentes al interior de la Corte Suprema de Justicia explicaron que dicha sentencia mencionada por el mandatario no existe y que, además, su ministra de Agricultura, Martha Caravajalino, conocía la postura del alto tribunal frente a la reforma agraria, antes de la nueva arremetida del mandatario contra los representantes de la justicia en Colombia.