El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el proyecto de la megacárcel de la ciudad, cuya construcción alcanza el 35 % de avances, y dio pistas sobre las medidas que funcionarán adentro del centro de reclusión para que los detenidos no puedan ejercer actividades ilícitas.

Ya se construye una de las primeras megacárceles del país: así avanza la obra

La obra se desarrolla en el sector de San Cristóbal y es una de las apuestas de la Administración Distrital de la ciudad para disminuir el hacinamiento actual de los centros de detención preventiva y estaciones de Policía de Medellín.

La construcción cuenta con una inversión de aproximadamente $ 675.000 millones y tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad en calidad de sindicadas, distribuidas en seis pabellones.

Este complejo estará destinado para la reclusión de personas que aparecen en calidad de sindicadas y que permanecen a la espera de una sentencia o resolución por parte de la justicia.

Sin embargo, el mandatario enfatizó en que, desde este centro, “los delincuentes no van a poder ejercer sus actividades criminales contra la ciudadanía”.

La idea es que al interior del centro de reclusión se instalen inhibidores de señal para aislar las posibles comunicaciones de los detenidos con el exterior y evitar que puedan seguir ejerciendo actividades delictivas.

“Están acostumbrados a extorsionar a los ciudadanos y acá no lo van a poder hacer”, indicó.

Cabe aclarar que el alcalde enfatizó en que, aunque van a estar detenidos, la intención es respetar completamente los derechos humanos de las personas detenidas pero bajo principios de orden y autoridad.

“Desde aquí no van a poder extorsionar a la gente. Aquí van a estar es pagando penas. Lo importante es entender que las personas que van a estar en esta cárcel, van a estar bajo la autoridad y el orden de nuestra fuerza pública”.

La iniciativa fue liderada por la Agencia APP de Medellín y busca incorporar nuevos estándares para la operación de este tipo de establecimientos, con énfasis en mejorar la gestión de la detención preventiva y las condiciones de las personas que permanecerán allí.

El complejo contará con espacios para atención y tratamiento, administración de justicia y servicios de salud, con el objetivo de concentrar en una misma infraestructura las áreas necesarias para atender a las personas privadas de la libertad bajo detención preventiva.