Es un día raro para el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. A primera hora fue notificado del fallo de segunda instancia que dejó en firme su sanción por seis meses por participación indebida en política.
Mientras espera el inicio de la audiencia de acusación por tres delitos en el escándalo de Aguas Vivas, la Procuraduría General lo citó a un juicio disciplinario por estos mismos hechos de administración indebida de bienes.
SEMANA conoció el pliego de cargos de 136 páginas mediante el cual la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal lo cita por las presuntas irregularidades relacionadas con la expedición del Decreto 412 de 2023, por el cual se modificó el uso del suelo para los inmuebles del sector (Parque Ambiental Valle del Software-Aguas Vivas).
La decisión cobija además a Jasbleidy Pirazán García, exdirectora del Departamento Administrativo de Planeación; así como a Mauricio Valencia Escobar, Juan David Agudelo Restrepo, Rivier Hernando Gómez Cuevas, Fabio Andrés García Trujillo, quienes fungieron como secretarios de desarrollo económico, educación, innovación digital y general de la Alcaldía de Medellín.
El hecho data de 2019, cuando los propietarios del lote Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, le ofertaron a la Alcaldía su predio de manera gratuita con el fin de que fuera tenido en cuenta como una compensación de obligación urbanística.
La transacción se oficializó en diciembre de ese mismo año entre los privados y la Alcaldía de Medellín, donde se registró que el sitio estaba avaluado en 2.711 millones de pesos. El plan era construir el Parque Ambiental Valle del Software y su ejecución quedó en manos de Daniel Quintero, quien tomó posesión como alcalde en enero de 2020.
Sin embargo, la administración de Quintero Calle decidió hacer un avalúo comercial adicional sobre estos terrenos. En el nuevo cálculo se señaló que el valor era de 42.000 millones de pesos. POr esta razón, los dueños de Aguas Vivas reclamaron una indemnización argumentando que la Alcaldía se había enriquecido sin justa causa.
Frente a esta situación, y sin soporte alguno, la administración de Quintero se aventuró a realizar un proceso de conciliación con los dueños de Aguas Vivas y ofertó 40 mil millones de pesos por un predio que ya le pertenecía al Distrito.
En la tarde de este viernes 21 de noviembre, la Fiscalía General acusará a Daniel Quintero Calle y varios de sus exfuncionarios en la Alcaldía de Medellín por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
Esta decisión también cobija a la exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid Vanessa González Montoya; la exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez; el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna; la exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Karen Bibiana Delgado Manjarrés; el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz.
Así como a la exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y Secretaría General (e), Natalia Andrea Jiménez Pérez; la exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Carolina Arango Gil; la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez Echavarría; y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés Trujillo García Trujillo.
En el proceso se vincularon a tres particulares: Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, quienes eran los tenedores del predio.