SEMANA: Este viernes finalmente se confirmó el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud. Usted es un gran conocedor del sistema y ha sido una voz muy crítica de lo que el gobierno ha hecho en estos cuatro años. ¿Qué significa esa jugada?
Andrés Forero: Lo que vemos es que el Presidente de la República necesitaba una persona que firmara desde la Superintendencia Nacional de Salud todos sus caprichos. Él había anunciado que iba a adelantar una liquidación masiva e improvisada de varias EPS y, aparentemente, el saliente Superintendente Nacional de Salud, señor Bernardo Camacho, a quien yo critiqué a propósito de su gestión como interventor, después cuando llegó a la Superintendencia, dijo que no estaba dispuesto a hacerle el juego al Presidente, que él estaba consciente de lo que eso representaba en términos de riesgo para la población de esas EPS.
SEMANA: ¿Y por eso, según usted, llega Quintero?
A.F: Sí. Camacho no quería hacerle el juego al Presidente y por eso él necesitaba a alguien, eso ya es un juicio mío, inescrupuloso como el señor Daniel Quintero. Él no sabe nada en temas de salud y llegará a ser un firmón del Presidente de la República. Entonces, lo que sentimos es que el señor Daniel Quintero va a llegar a hacer el trabajo sucio que el Presidente quiere que se haga desde la Superintendencia.
SEMANA: Daniel Quintero llega a un cargo con un inmenso poder, en un momento en que más del 56 % de los colombianos tienen su servicio de salud en EPS intervenidas. ¿Qué poder le da eso en esta recta final de la campaña?
A.F: Lo que hemos visto es que las Superintendencias tienen hoy un poder muy grande, no solamente la Superintendencia Nacional de Salud. Son entidades que quedaron con un gran poder y con una gran capacidad de hacer daño. Lo hemos visto en la Superintendencia Nacional de Salud, en la Superintendencia de Subsidio Familiar, en la Superintendencia de Economía Solidaria, en la Superintendencia de Industria y Comercio. Son entidades que quedaron con un poder no controlado, y además con unos incentivos, a veces perversos, porque vemos, por ejemplo, en el caso de la Superintendencia Nacional de Salud, que nombran al interventor, pero como pueden removerlo, el Superintendente termina siendo, en cierta manera, el jefe del Interventor.
SEMANA: ¿Qué problemas trae eso?
A.F: En que los interventores se reúnen permanentemente en contra de lo que está dispuesto en el marco legal y constitucional, donde teóricamente ellos son auxiliares de la justicia y no deberían coadministrar con el Superintendente del Ministro, pero tristemente hemos visto que eso particularmente es lo que ha sucedido, con muy malos resultados.
SEMANA: ¿Concretamente qué poderes tendrá Daniel Quintero frente a las EPS?
A.F: Puede volver a cambiar nuevamente a los interventores. En el caso de la Nueva EPS, ya hemos visto que acaban de nombrar al quinto en dos años, y en Famisanar ya llevamos cuatro, y así podríamos seguir con prácticamente todas las EPS intervenidas, y los resultados han sido muy malos. Adicionalmente, el riesgo que existe es que él instrumentalice, utilice políticamente una entidad con tanto poder. Por ejemplo, que vaya a tratar de intervenir los hospitales del departamento de Antioquia o del municipio de Medellín, por su animadversión política con el alcalde Federico Gutiérrez o con el gobernador de Antioquia. Hemos visto que algunas de sus declaraciones, después de haber sido nominado como Superintendente Nacional de Salud, iban en ese sentido. Entonces vemos que el presidente pone a una persona que no sabe de salud, que es un político, además un político muy cuestionado, que está anunciando que va a utilizar esa entidad con fines políticos.
SEMANA: ¿Cuáles fines políticos ve como un riesgo?
A.F: Por ejemplo, vimos en su momento que él también tenía un problema muy grave con el grupo empresarial antioqueño, y Sura hace parte de sus odios. Entonces, nos preocupa mucho que él decidiera intervenir Sura precisamente por sus animadversiones personales.
SEMANA: Le escuche en el Congreso de Abogados Rosaristas hacer un diagnóstico dramático de lo que recibiría hoy Quintero, frente a las EPS intervenidas...
A.F: Hoy básicamente la mitad de la población colombiana está afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del Gobierno Nacional. La EPS más grande de todas, la más significativa, la más paradigmática es Nueva EPS. Nueva EPS es la EPS más grande del país, tiene 11.600.000 afiliados, y lamentablemente las intervenciones terminaron siendo un remedio peor que la enfermedad. Lo que hemos oído es que el presidente quiere crecer, a pesar de todo eso, más a Nueva EPS. Nueva EPS hoy está peor que en el momento de la intervención.
SEMANA: Explíqueme por qué está peor. Lo que uno ve es que casi ningún hospital quiere atender a sus afiliados.
A.F: Según la propia resolución de la nueva intervención, que fue firmada por la superintendente Ad Hoc, aparentemente con muchos vicios, según lo han denunciado los propios funcionarios de la superintendencia, la situación de la EPS se ha deteriorado. Entonces al momento de la intervención se hablaba que los pasivos eran cercanos a 17 billones de pesos. Hoy están cerca de los 26 billones de pesos. Se habla de que los anticipos no legalizados estaban en 3.6 billones de pesos, hoy están en 17 billones de pesos. Que las facturas radicadas no procesadas estaban cerca de 5 billones de pesos, hoy están en cerca de 15 billones de pesos. Esa es la situación que se ve en la EPS más grande del país, a donde el gobierno pretende trasladar a las personas que hoy están en las EPS que quiere liquidar.
SEMANA: ¿Qué puede suceder si eso se concreta?
A.F: Nos preocupa, porque eso es como si fuera un edificio en llamas con muchísima gente adentro. El gobierno, en lugar de evacuar a las personas o apagar el incendio, lo que pretende es forzar la entrada de más y más gente. Obviamente eso es un despropósito y lo que vemos es una incoherencia de parte del ministro Jaramillo, que a pesar de que cree y dice que supuestamente la nueva EPS está muy bien, él y su familia no están en Nueva EPS, sino en Sanitas, que en buena hora la Corte Constitucional decidió devolver.
SEMANA: Se ve el afán del gobierno por lograr tener recursos a la mano en esta recta final de la campaña. Usted ha criticado, por ejemplo, la solicitud de traslado de los 25 billones de los fondos de pensiones. ¿Hay plata de las EPS en riesgo con esta decisión?
A.F: En principio ya lo podrían estar haciendo. Vemos además que el presidente decide nombrar un político, no solamente en la Superintendencia Nacional de Salud, sino como interventor de Nueva EPS, que es el exalcalde de Cali, el señor Jorge Iván Ospina. Al menos, él sí tiene conocimiento en temas de salud. Él es médico y ha tenido experiencia en esos temas, más allá de los escándalos que lo rodean, pero lo cierto es que es un político, que además dicen que se va a lanzar a la gobernación del Valle del Cauca el próximo año. Es decir, él tendría que renunciar a más tardar en julio de este año, y por eso uno sí queda muy preocupado con que el presidente lo haya nombrado. No tiene vocación de permanencia en ese cargo, y uno lo que piensa es que llegó posiblemente a favorecer una eventual candidatura a la gobernación del Valle del Cauca. Ellos no necesitan hacer más de lo que ya han hecho en las EPS. Pero hay otro tema que nos preocupa considerablemente.
SEMANA: ¿Cuál?
A.F: La utilización de recursos, supuestamente, para financiar unos programas de atención primaria en salud, que no han tenido ninguna clase de resultado medible, pero sí han servido para contratar ejércitos electorales al servicio del gobierno nacional. Se habla de 4 billones de pesos en la contratación de estos equipos básicos en salud, que no han tenido resultados palpables, pero sí han favorecido en términos electorales al gobierno. Adicionalmente, incrementaron de manera completamente antitécnica, sin un sustento claro, la captación en Nueva EPS, por ejemplo, y eso se lo giraron a los hospitales públicos.
Entonces, ahí también nosotros consideramos que pueden estar tratando de favorecer a la campaña del señor Iván Cepeda.
Está lo que denunciamos con el doctor Daniel Briceño, y es que utilizaron en un evento político del señor Iván Cepeda la tarima que había utilizado el día antes el Ministerio de Salud y Protección Social para hacer un evento. Ahí también vemos su utilización de recursos públicos para favorecer esa campaña. Lo último, fue una carta clara por parte del presidente de la República a todos los ministerios y a todas las entidades públicas, para que con recursos públicos hicieran unas campañas promocionales de los logros del gobierno justo en elecciones, obviamente con miras a las elecciones.
No sé si en eso es que consiste la revolución ética del señor Iván Cepeda, que habla de esa revolución, pero aparentemente consiste en verse favorecido en su aspiración presidencial con la utilización propagandística de recursos públicos de manera inescrupulosa.
SEMANA: Me llamó la atención una expresión que usted dijo y es que lo que hace con la salud el gobierno Petro es criminal. ¿A qué se refiere con eso?
Andrés Forero: Lo que han hecho es criminal porque antepusieron la ideología al bienestar de los colombianos. Están tomando estas decisiones no pensando en los pacientes, sino en cómo se favorecen ellos políticamente, y por eso nombran al señor Daniel Quintero o al señor Jorge Iván Ospina. Ellos dejaron todo el escrúpulo y dejaron toda la vergüenza y ya no tienen ninguna clase de intención de aparentar.
¿Qué ha sucedido? Lo hemos visto con las enfermedades huérfanas. Lo han denunciado: más de dos mil personas fallecieron con enfermedades huérfanas en el país, muchas por cuenta de decisiones del Gobierno. Hemos visto lo que sucedió con Kevin y, por eso, me parece que es criminal. A eso se suma lo que hizo después el ministro Jaramillo, criminalizando, o mejor dicho, responsabilizando a la madre; me parece aún más grave. Adicionalmente, hemos visto lo que ha sucedido con todos los recursos que, según el propio Gobierno, se han destinado a hacer negocios con la salud, y no pasa absolutamente nada. El presidente dice que los perfiles los pasó Laura Sarabia, y Laura Sarabia sigue siendo la embajadora de Colombia en el Reino Unido.
Entonces, por distintas razones —por los desfalcos, por la corrupción que han propiciado y, sobre todo, por las muertes que han causado—, me parece que lo que ha hecho el Gobierno es criminal.