Este martes 25 de agosto fue declarado insubsistente Wilmar Mejía, el polémico director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
En abril pasado, el entonces presidente Gustavo Petro designó a Mejía como director tras la renuncia de Jorge Arturo Lemus Montañez en medio de graves polémicas por filtración de información y “chuzadas”.
Mejía, licenciado en deportes y profesor, fue uno de los funcionarios más cercanos y con cargos más importantes en el gobierno Petro, asumiendo la Dirección de Inteligencia de la DNI. Así mismo, fue delegado de la Presidencia ante la Universidad de Antioquia.
Ello, pese a que enfrentaba varias investigaciones disciplinarias relacionadas con sus presuntos nexos con alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc en el oriente del país.
Wilmar Mejía está siendo investigado por presuntamente entregar códigos de frecuencia radial de la Fuerza Pública, así como brindar apoyo para la creación de empresas de seguridad que permitieran legalizar armas y prepararse —para ese entonces— frente a una eventual finalización de los diálogos con el Gobierno Petro.
Los señalamientos contra Wilmar Mejía
En noviembre de 2025 fueron revelados los documentos hallados en los computadores incautados a alias Calarcá en un retén del Ejército Nacional en las carreteras de Anorí, Antioquia, cuando se movilizaba en camionetas asignadas a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Pese a que los computadores habían sido incautados el 23 de junio de 2024 y estaban en poder de la Fiscalía General, poco o nada se había revisado al interior del ente investigador.
Wilmar Mejía, pese a su formación académica, había recibido la bendición de Gustavo Petro para que manejara a su antojo los informes de inteligencia. Fue tal su poder que estuvo detrás de la purga de oficiales en el Ejército y la Policía, especialmente en el área de inteligencia, que no eran afines al primer mandatario.
En ese momento, miembros de los grupos al margen de la ley corroboraron que, gracias a estas relaciones, las disidencias de Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar habrían obtenido información clasificada de las Fuerzas Militares para esquivar operativos y facilitar la movilización de guerrilleros con orden de captura.
Cuando estalló el escándalo, Mejía aseguró que no había entregado información ni facilitado armas para estos grupos armados ilegales.